Las reglas eran claras, sencillas, pero un terrible vicio nos carcome como sociedad, brincarnos las reglas. A los ticos nos encanta jugar de vivos, evadir controles, y eso históricamente ha ocurrido porque los castigos no se aplican, quedan en nada, o son ridículos. Y es lo que pasó con el Bono Proteger.
Las personas que no hubieran sufrido afectación económica por la pandemia del covid-19, como los empleados públicos, pensionados, reos y beneficiarios de otros programas sociales, no podían pedirlo. Sin embargo, muchos de ellos están entre las 2.300 personas investigadas por el Ministerio de Trabajo.
Ese grupo es parte de los 66.300 beneficiarios fraudulentos detectados por la Contraloría General de la República, entre los que también están aquellos que necesitaban el bono cuando lo pidieron pero luego mejoraron su situación económica y no lo informaron, así como a los que les restituyeron la jornada laboral completa pero siguieron cobrando el bono.
Al menos se llevaron ¢7.500 millones y de esa forma burlaron la generosidad de la sociedad entera y redujeron la plata disponible para ayudar a otros.
Ojalá la Fiscalía no cometa el error de valorar mal los casos por su cuantía (los bonos van de ¢62.500 a ¢125.000 mensuales durante un trimestre) o la modestia de los defraudadores. Los engaños son relevantes por su afectación en personas todavía más necesitadas y sobre la idoneidad de los mecanismos aplicados para distribuir un apoyo económico urgente en estas emergencias.
Ninguna estafa es tolerable, pero la del bono merece especial repudio y castigo.