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El alcalde del cantón de Corredores, Carlos Viales Fallas, sacó caja este domingo y solicitó al Concejo Municipal que le suspendan su salario mientras es investigado por su presunta participación en la construcción de un puente en una finca privada donde el sospechoso de narcotráfico Darwin González Hernández planeaba instalar una embotelladora de agua.
Además de que esto era lo que procedía, al funcionario el agarró tarde para frenar su salario y también le faltó clase al Concejo Municipal para reaccionar.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la Región Sur detuvo a Viales el 14 de diciembre.
Veamos el contraste. El 15 de noviembre se destapó el caso Diamante en el que seis alcaldes son investigados por presunta corrupción en obra pública.
A los pocos días el Concejo Municipal de Escazú aprobó la retención del salario del alcalde, Arnoldo Barahona.
El 23 de noviembre el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, otro involucrado, renunció al sueldo.
La Contraloría General ha insistido en que es improcedente pagar el salario de alcaldes suspendidos por orden judicial.
“Si bien es cierto, esta medida (suspensión) se encuentra en proceso de apelación, actualmente se me imposibilita servir a mi cantón y, por consiguiente, no considero oportuno que se me cancele el monto correspondiente a mi remuneración como alcalde. Por tal motivo, les insto respetuosamente a que se realicen las gestiones correspondientes a efectos de que no se me cancele el pago de mi salario en congruencia con la legislación vigente en materia laboral”, escribió Viales.
Lástima que no lo hizo antes. El giro obedece más a la presión mediática y a un intento por rescatar algo de su deteriorada imagen.
