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Avanzado el siglo XXI, en Europa quedan varias monarquías, con reyes, princesas, príncipes y todo eso que nos suena a cuento de hadas.
Son frecuentes las noticias del rey de España, Felipe VI, sobre todo por los chorizos de su tata, el anterior rey Juan Carlos I. De la corona británica, encabezada por la Reina Isabel II, de 94 años y como un roble, hoy todo mundo habla por el racismo denunciado por la actriz Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry.
Para sostener la vida de excesos y lujos de estos seres de sangre azul existe lo que se llama el Sovereign Grant (subvención soberana). En sencillo lo que significa es que la chochosca sale de los plebeyos, o sea los breteadores, los pulseadores, por medio de sus impuestos.
Pero los ticos también podemos rajar, también tenemos nuestros reyes, princesas y príncipes que se la tiran riquísimo. Hablamos de los herederos de las pensiones de lujo.
Este mal cuento nació hace décadas, cuando la Asamblea Legislativa decidió dar carácter vitalicio, es decir para siempre, a las pensiones heredadas por los hijos de funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados.
Así, nos dejaron una carga que todavía arrastramos y cuando se quisieron frenar esos abusos, los beneficiarios, plenamente merecedores, acudieron a la Sala IV para defender sus pensiones contra la ley aprobada en el 2016 para ponerles fin y esta restableció el beneficio.
El fallo de la Sala IV deja una terrible lección: es mucho más fácil crear privilegios que eliminarlos. Ahí están los dolores de parto de la Ley Marco de Empleo Público, vital para sacar al país de su crisis fiscal y evitarle graves penurias, pero combatida fieramente por grupos de interés.
