Como nos ha salido tan ágil, el gobierno quiere mantener, con una jugada de taquito, al aumentador general de precios, Roberto Jiménez Gómez.
No olvido la negativa de Jiménez a recetar una rebaja del 4,5% en las tarifas de buses, por la caída de precios de los combustibles en el segundo semestre del 2020, con gran daño para los pasajeros y beneficios indebidos para los poderosos empresarios. La reducción, al final se produjo fuera de tiempo, y apenas duró una semana.
Tampoco se arrolló las mangas para frenar el abuso de las gaseras con las humildes familias a las que les llegan los cilindros con menos producto.
A sus pifias hay que sumar la jugada del gobierno Alvarado y la bancada del PAC, que intentan que venza el plazo para que los diputados discutan la permanencia del hombre.
Su continuidad deberá discutirse a más tardar el jueves, porque el viernes se cumplen los 30 días que tiene la Asamblea para rechazar nombramientos propuestos por el Gobierno.
Resulta que el 14 de diciembre el Gobierno calculando la hora tatá por las fiestas navideñas y el supuesto receso legislativo de enero, propuso a Jiménez con la idea que de forma automática, calladito, quedara nombrado hasta el 2028 con sus 7 milloncitos mensuales.
En enero no hubo receso pero el jueves pasado los diputados del PAC lograron que no existieran los votos necesarios para que se empezara a discutir el tema.
Poco antes, la Fiscalía anunció una acusación formal contra Jiménez por el delito de tráfico de influencias, debido al presunto nombramiento irregular de un funcionario. A este caso se añade la denuncia que presentó el diputado José María Villalta, en junio del 2019, en la que alega acciones de Jiménez a favor de los autobuseros.
Estos hechos son suficientes para rechazarlo.