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Los astros se alinean con la razón. Jairo Barrantes Vargas, informático de la Caja, es uno de los 35 funcionarios que no se quieren vacunar contra el covid-19.
El es de los que presentó un recurso de amparo para no recibir la dosis. “Prefiero que me despidan. La verdad, no sé si me abrieron un procedimiento o no”. Y podría ser complacido, porque la Sala IV confirmó la constitucionalidad de la vacunación obligatoria.
Los magistrados ratificaron su posición al declarar sin lugar trece recursos de amparo presentados en mayo por trabajadores de la institutición aseguradora. Qué ironía, cuando ellos mismos han visto a sus compañeros partiéndose el lomo contra la pandemia, salvando vidas y otros han fallecido en el cumplimiento del deber.
Lo lamentable es que muchos de estos antivacunas ni siquiera tienen argumentos sólidos para rechazar la dosis. No se apoyan en fuentes confiables, prefieren prestar atención a teorías conspiradoras, pero con sus actitudes confunden a otros. Posiblemente muchos por escucharlos han fallecido a causa del virus al creer esas tontas posiciones, han estado internados e incluso contagiado a otros.
“(...) Esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”, dijeron los altos jueces.
Santa decisión acompañada de ubicatex.
