EscucharLos diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que tiene como fin crear una base de registro de ADN de delincuentes.
La iniciativa fue propuesta por el legislador Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y se llama: “Ley para facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos por medio del ADN”.
El proyecto se había aprobado en primer debate a inicios de febrero, pero los legisladores lo retrotrajeron para hacerle algunos cambios.
El 9 de abril pasado se volvió a votar en primer debate. En esa ocasión, la diputada Pilar Cisneros se opuso rotundamente a apoyar la iniciativa argumentando que el OIJ (que sería el encargado de crear y administrar la base de ADN), no tenía presupuesto para eso; ella y los demás diputados oficialistas votaron en contra.
Llamó mucho la atención que en la votación del segundo debate, Cisneros no dijo nada sobre el proyecto y esta vez ella y sus compañeros votaron a favor.
Si solicitan beneficios, deben dar la muestra de ADN
El proyecto detalla que el procedimiento para la toma de muestras se aplicará a personas condenadas por un delito y que soliciten acceder a un beneficio carcelario previsto en la legislación vigente.
“Esta ley tiene por objeto asegurar la adecuada identificación de las personas condenadas que se encuentran a cargo del Sistema Penitenciario Nacional y mantener actualizada la base de datos de perfiles de ADN no codificante, que administra el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial”, explica el texto.
“Toda persona condenada por hechos delictivos deberá someterse a un registro completo de sus datos de identificación biométrica como requisito indispensable previo al disfrute de cualquiera de los beneficios previstos en esta ley, que le sea otorgado por disposición judicial o administrativa”, agrega.
Si hay un registro previo, debe actualizarse
Si ya el condenado cuenta con un registro previo, este deberá actualizarse si solicita cualquiera de estos beneficios:
- Ejecución condicional de la pena.
- Amortización de multa o el trabajo en favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada.
- Arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
- Libertad condicional.
- Conmutación de la pena.
- Rehabilitación.
- Indulto.
- Perdón judicial.
- Cambios hacia niveles de atención penitenciaria que impliquen una menor contención.
- Permisos controlados de salida de los centros penitenciarios.
Ahora solo falta la firma del presidente Rodrigo Chaves para que la iniciativa se convierta en Ley de la República.
