EscucharLa situación fiscal del Gobierno es crítica y, según detalla un informe de la Contraloría General de la República, los platos rotos los podrían pagar las poblaciones más vulnerables.
Según el documento del órgano contralor, el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2027 pinta un panorama oscuro.
La Contraloría advierte que la caída en el cobro de los impuestos y el alto costo de la deuda están obligando a aplicar una fuerte contención del gasto.
Un hueco enorme y una deuda que nos ahoga
Para que se hagan una idea de cómo está la billetera del país, el presupuesto del 2027 trae un faltante de plata (déficit financiero) de ¢2,4 billones.
Esto va a empujar la deuda pública a niveles peligrosos, llegando a representar el 65,5% de todo lo que produce el país (PIB) para finales de ese año.
Lo peor del caso es que el pago de los intereses de esa enorme deuda se comerá una gran tajada del pastel del presupuesto, dejando muy poco margen para invertir en las verdaderas necesidades del pueblo.
Tijerazo a las ayudas sociales: ¿Quiénes pierden?
Como la cobija está muy corta y no alcanza para tapar a todos, el Gobierno decidió aplicar recortes en áreas muy delicadas.
Instituciones vitales como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) verán mucha menos plata en sus cuentas.
Por ejemplo, el IMAS tendrá ¢45.640 millones menos en comparación con lo que gastó en el 2025. Esto afectará directamente a programas como Avancemos, esa ayuda tan necesaria para que los estudiantes de bajos recursos no abandonen la escuela o el colegio.
Fuerte golpe a la Caja y a los abuelitos
El golpe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está fuerte. La Contraloría advirtió que el Gobierno presupuestó ¢418.194 millones menos de lo que la Caja realmente pidió para poder operar bien.
Lo más preocupante es lo que pasará con el Régimen No Contributivo (RNC). Estas son las pensiones que salvan a los adultos mayores y a las personas en pobreza extrema.
Para el 2027, le están recortando un 48% a este fondo (¢83.138 millones menos), lo que pone en grave riesgo que se den nuevas pensiones.
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Escuelas cayéndose a pedazos
Y si hablamos de educación, el panorama también está nublado. El Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene para el 2027 su presupuesto más bajo desde el año 2007 (medido como porcentaje del PIB).
La Dirección de Infraestructura de ese ministerio fue clara y dijo que ocupaba ¢51.184 millones para poder arreglar las escuelas que están en mal estado.
¿Saben cuánto les asignaron en el presupuesto? Apenas ¢29.850 millones. Es decir, seguirán viendose escuelas con órdenes sanitarias, techos malos y cayéndose a pedazos porque la plata sencillamente no se asignó.
Reglas “sacadas de la manga”
Para ponerle la cereza al pastel, la Contraloría pegó el grito al cielo por unas reglas o “normas de ejecución” que el Gobierno metió en este proyecto de presupuesto.
Resulta que el plan pretende bloquear casi ¢30.000 millones del presupuesto del Poder Judicial y condicionar el uso de plazas vacantes a ciertos estudios.
Los expertos de la Contraloría fueron claros: esas reglas chocan con la ley, son inconstitucionales y desordenan todo el proceso, metiendo al país en un zapato legal que solo va a entorpecer el trabajo del Estado.
