EscucharEste jueves 15 de mayo se dio un cambio histórico en Costa Rica.
Los diputados aprobaron el último debate de una reforma a la Constitución Política que permite la extradición de costarricenses buscados en otros países por los delitos de narcotráfico y el terrorismo.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, se mostró muy satisfecho con la reforma.
“Esto marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica y es un hito trascendental en la historia legislativa de nuestro país.
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“Costa Rica atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia. En tan solo lo que va de esta administración, más de 2.500 asesinatos, la mayoría por la lucha entre bandas criminales”, dijo el jerarca.
Arias dijo además que la reforma permitirá una cooperación más efectiva con otros países y que cerrará brechas que eran aprovechadas por redes delictivas para usar el territorio tico.
Un trámite diferente y más largo
Por tratarse de una reforma constitucional, el proceso fue mucho más complejo que un proyecto de ley común y corriente, hasta requirió que el mandatario Rodrigo Chaves lo mencionara en su discurso de rendición de cuentas ante los diputados, el pasado 5 de mayo.
Los diputados aprobaron los tres últimos debates de la iniciativa esta semana en medio de fuertes cuestionamientos y críticas al presidente Chaves porque, aunque reconocen que esta iniciativa es importante para el país, le reprochan que no se ha preocupado ni ocupado en tomar acciones dentro del país para frenar el narcotráfico.
Varios legisladores le dieron duro al Gobierno cuando se debatía sobre la iniciativa, por ejemplo, este jueves la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, dijo que cómo era posible que un día después de que el presidente vetara el proyecto de ley para hacer allanamientos todos los días de la semana a cualquier hora, se diera a conocer que un expolicía condenado por narcotráfico estaba organizando una actividad en San Carlos para apoyar a Chaves.
La diputada independiente, Johana Obando, también le tiró a Chaves y lo acusó de no ser valiente en la lucha contra el narcotráfico, incluso le dijo que “ella tenía lo que a él le hace falta”.
También el legislador Luis Fernando Mendoza, de Liberación Nacional, habló sobre la reforma y dijo que si fuera por él, abriría la puerta de la extradición a ticos buscados por otros países no solo buscados por los delitos de narcotráfico y terrorismo, sino otros más, porque la justicia siempre debe ser pareja en todos los casos.
Todos los legisladores coinciden en que cuando se creó la actual Constitución Política el país era muy diferente y el narcotráfico no representaba un riesgo, pero ahora es diferente, por eso era urgente el cambio.
El proyecto de ley tiene como fin acabar con la alcahuetería de ticos narcos que han llevado sus operaciones a otros países y se esconden en Tiquicia, porque saben que aquí no los pueden tocar. También con los narcos extranjeros vivazos que se vienen para Costa Rica y se naturalizan en busca de refugio porque saben que eso los vuelve intocables, pero eso está a punto de cambiar.
La iniciativa fue impulsada, en primer lugar, por la legisladora oficialista Pilar Cisneros y los otros legisladores de la fracción oficialista, incluyendo a Luz Mary Alpízar, quien, pese a que ha tenido pleitos serios con Cisneros, dice que continúa firme con este proyecto, ya que es de suma importancia para el país.
