EscucharEl diputado Alejandro Pacheco Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley tiene como fin endurecer los castigos a delincuentes que cometen delitos graves contra turistas.
La iniciativa pretende reformar los artículos 112, 157, 209 y 213 del Código Penal con el objetivo de agravar las penas por homicidio, violación, hurto y robo cuando las víctimas sean turistas que visitan Costa Rica.
La iniciativa surge ante el incremento de denuncias de extranjeros afectadas por delitos durante su visita al país y también por el reciente aumento del nivel de alerta de seguridad emitido por el Gobierno de los Estados Unidos (hace unos meses también Canadá subió el nivel de alerta para los ciudadanos que pretendan viajar a Costa Rica).
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Según datos de Migración y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la situación de seguridad que vive el país ya muestra afectación directa en el flujo turístico, uno de los principales motores económicos de Costa Rica.
“El turismo es nuestra mayor fuente de divisas, de empleo y de desarrollo regional. No podemos permitir que la delincuencia ponga en riesgo la seguridad de quienes nos visitan ni la imagen internacional del país”, señaló el diputado Pacheco.
¿Qué propone el proyecto?
El texto incorpora agravantes específicas para delitos cometidos contra turistas, cruceristas o tripulación de cruceros, elevando de manera significativa las penas en casos de: homicidio calificado, violación calificada, hurto agravado y robo agravado.
La reforma también reconoce formalmente la condición de turista según estándares de la Organización Mundial del Turismo, fortaleciendo la protección jurídica de visitantes que permanecen en el país.
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El diputado Pacheco destacó que esta reforma enviaría claros mensajes a nivel internacional:
- Costa Rica toma medidas firmes para proteger a su población visitante.
- Se moderniza la legislación penal, incorporando la realidad turística contemporánea.
- Se fortalece la competitividad del país y se contribuye a revertir alertas de seguridad emitidas por gobiernos extranjeros.
El legislador añadió que la iniciativa responde no solo a razones económicas, sino a un compromiso ético con los más de tres millones de turistas que ingresan cada año al país:
“Costa Rica debe ser un destino seguro. Esta reforma es una herramienta disuasiva y un mensaje contundente de que aquí no habrá impunidad para quienes agredan a nuestros visitantes”, finalizó.
