EscucharLos diputados de todas las fracciones lograron ponerse de acuerdo este jueves en una votación histórica para Costa Rica que tiene como fin castigar fuertemente a los delincuentes que cometan minería ilegal.
Los legisladores aprobaron en primer debate, y de forma unánime, un proyecto de ley que define a la minería ilegal como un delito de crimen organizado.
La iniciativa, que se tramitó bajo el expediente 23.952 y fue presentada en el periodo anterior por el exdiputado Ariel Robles, busca darle peso legal a las autoridades aumentando las penas de cárcel.
¡A cazar a los “peces gordos” de las mafias!
Para entender la importancia de esto, el jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, explicó que hasta hoy las penas por estos delitos ambientales son tan bajas que ni siquiera permiten usar las herramientas de la ley para investigar bien a las redes que extraen oro.
Actualmente, solo se detiene a la gente que practica la actividad en el campo, “pero no se sanciona ni se persigue a los capos, a los que están detrás de estas actividades delictivas”, lamentó Villalta.
Con esta nueva ley, la cosa cambia. Las autoridades buscan duplicar los castigos: por ejemplo, las penas que hoy son de dos años pasarán a ser de cuatro años, y las de tres años subirán hasta los seis años de prisión.
Este proyecto fue convocado por el Gobierno a sesiones extraordinarias como parte de un compromiso con la oposición para proteger Crucitas.
Justamente en esa zona es donde más urge meter mano, pues se habla de que hay grupos criminales a cargo de la explotación del oro.
¡Mano dura contra quienes lastimen a los animales!
La ley no se queda solo en el oro. También trae reformas fuertes a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
Si en los daños a los animales interviene la delincuencia organizada, se eliminan por completo las multas económicas y solo quedará la pena de cárcel efectiva, la cual aumentará en un 50% de las penas actuales.
También se endurece la Ley de Protección a las Tortugas Marinas. A partir de ahora, quienes cacen, maten, destácen o comercien estas hermosas especies, se exponen a castigos de 1 a 3 años de cárcel.
Además, a quienes retengan o vendan sus productos les caerán de 3 meses a 2 años de cárcel. Y como en los otros casos, si esto lo hace una red organizada, la pena aumentará a la mitad.
La única excepción que deja clara el texto es la extracción de huevos de tortuga lora en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, que no será castigada siempre y cuando se haga bajo la estricta supervisión y reglamentación del Minae.
Hace unas semanas, la presidenta Laura Fernández presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que tenía el mismo fin que este. Luego de negociaciones, los legisladores oficialistas aceptaron apoyar la iniciativa de Robles, que ya estaba avanzada, con la condición de hacerme mejoras. El Frente Amplio estuvo de acuerdo.
