Uno de los proyectos de seguridad que presentó la presidenta Laura Fernández en la Asamblea Legislativa, en junio pasado, dio un enorme paso que lo acerca a la aprobación.
Con el voto unánime de los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se dictaminó de forma positiva el expediente 25.615, mejor conocido como la “Ley de sanción de pertenencia a organizaciones criminales”.
Ahora, este expediente pasará al plenario legislativo para continuar su trámite, aunque luego volverá a la comisión para afinar algunos detalles.
¿Qué propone esta estricta iniciativa?
La propuesta busca sancionar de forma más rigurosa a quienes formen parte de asociaciones criminales, golpeando a las bandas desde su propia raíz.
Las penas que se proponen van desde un año y pueden llegar hasta los 20 años de cárcel cuando existan circunstancias agravantes.
La iniciativa plantea un cambio directo al artículo 281 del Código Penal. La idea es que, cuando dos o más personas se asocien para cometer delitos y se repartan tareas, sean consideradas inmediatamente como asociaciones criminales.
Con solo ser miembro de esa banda, el delincuente se enfrentaría a una pena de uno a seis años de prisión.
Castigos más altos para los peores delitos
Para que la ley duela de verdad, las penas van a aumentar entre 6 y 10 años por varias razones graves, es decir, por los famosos “agravantes”.
Esto se aplicará cuando el grupo tenga como fin cometer delitos ligados al crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas y de órganos.
También habrá mano dura para quienes cometan terrorismo o narcotráfico utilizando medios tecnológicos o transportes modificados para esconderse y burlar a las autoridades.
El proyecto, además, reforma la Ley sobre estupefacientes, castigando con penas de ocho a 20 años de cárcel a quienes organicen grupos para cometer delitos con drogas.
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Proteger a los menores es prioridad
Los diputados tienen claro que al proyecto hay que hacerle ajustes. Este jueves aprobaron cuatro mociones de fondo, asegurándose de no borrar artículos vitales que protegen a los niños y jóvenes.
El legislador José María Villalta recordó la importancia de no derogar los artículos que castigan como delitos autónomos el doloroso reclutamiento de menores de edad y el apoyo al terrorismo.
Por su parte, el jefe del oficialismo, Nogui Acosta, precisó que presentarán más enmiendas para que este tema quede claro y no haya portillos legales.
Los diputados también acordaron ampliar el plazo para discutir otros proyectos claves, como la “Ley cero ocio en las cárceles” y la “Ley Gerson Rosales”.
