EscucharHay noticias sobre el polémico proyecto de ley con el que el presidente Rodrigo Chaves amenazó con quitar las frecuencias de radio y televisión.
Luego de que el 2 de abril pasado Chaves dijera, en conferencia de prensa, que si los diputados no aprobaban antes de setiembre una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para modificar los cobros de las frecuencias de radio y televisión, las iba a apagar, resulta que los legisladores se movieron.
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La Comisión de Gobierno y Administración del Congreso dictaminó, de manera positiva y unánime, el expediente 24.461, el proyecto de ley impulsado por el gobierno.
“Si se apagan las señales de las antenas de televisión y radio, será porque la Comisión (de la Asamblea) no le ha dado la gana de moverse para no afectar al señor del trencito (haciendo alusión a los dueños de Teletica)”, dijo Chaves en aquel momento.
“No las vamos a extender. Tienen hasta setiembre para enseñarle al pueblo de Costa Rica dónde están sus corazones, billeteras y sus intereses políticos”, agregó el mandatario.
Las concesiones que tienen los medios de comunicación de radio y televisión en el país vencían el 28 de julio del año pasado; sin embargo, el Gobierno amplió el plazo por 15 meses más; es decir, hasta setiembre del 2025.
Ahora que el proyecto está dictaminado, pasará al plenario legislativo y los diputados podrán presentar mociones para hacerle cambios.
El proyecto fija el monto del canon (una especie de tarifa por las frecuencias) de manera porcentual respecto a los ingresos obtenidos por las empresas de radio y televisión. Para los concesionarios de las frecuencias televisivas, el canon quedaría en un 7,73% de los ingresos brutos que tengan; mientras que para los de radio sería de 3,13%.
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Actualmente, los concesionarios de televisión pagan solo ¢120 mil al año y quienes tienen de radio tan solo ¢6 mil anuales por frecuencia.
En la corriente legislativa hay otro proyecto similar para reformar el monto del canon, presentado por Liberación Nacional, pero que el Gobierno está en contra.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes dijo que este proyecto establece un pago anual de ¢3,5 millones para todas las empresas. Sin embargo, esto afectaría a los medios pequeños y medianos, pues ese monto representa hasta el 65% de sus ingresos.
