EscucharLa Fiscalía acusó a un exdiputado del periodo 2018-2022, como sospechoso de cometer delitos graves relacionados con el sonado caso Turesky.
El Ministerio Público acusó al exlegislador Óscar Mario Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.
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“La acusación fue comunicada a la Procuraduría General de la República, el pasado 23 de junio, instancia que debe informar en los próximos días si formulará una acusación particular (querella) y la acción civil resarcitoria, con la que se reclamaría un monto económico por los datos y perjuicios causados al Estado.
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“De acuerdo con los hechos acusados, entre el 2018 y el 2021, el exdiputado aprovechó su cargo para, al parecer, ejercer influencia ante funcionarios públicos del Instituto Costarricense de Turismo, el Banco Popular, y el Banhvi para favorecer a la organización criminal del caso conocido, mediáticamente, como Turesky”, detalló la Fiscalía.
Si bien los funcionarios no cedieron, se presume que, de igual manera, el exdiputado recibió el pago de dádivas, por medio de transferencias de SINPE.
Una vez que el expediente regrese al despacho, la Fiscalía lo enviará al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con la respectiva solicitud de auto de apertura a juicio. El caso corresponde al expediente 19-000050-0033-PE.
La Teja contactó a Cascante para pedirle una reacción al respecto, pero dijo que por tratarse de un caso judicializado, no se refería al respecto.
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Visitaron al diputado varias veces
El caso Turesky ha sido muy sonado, esta banda habría invertido millones de dólares, que habría obtenido del tráfico de drogas, en la compra de lujosos bienes, incluido un motel.
Los sospechosos Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, así como el difunto Luis Guillermo Cartín Herrera, hicieron 13 visitas a Cascante en su oficina del Congreso.
Además, Cascante les habría consiguido citas con autoridades de Casa Presidencial, el Banco Popular, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Municipalidad de Limón y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La banda, la cual fue desmantelada por la Policía Judicial en el 2021, tenía intensiones de desarrollar proyectos de vivienda de interés social y un complejo turístico en Limón.
