El Gobierno de Laura Fernández informó este lunes 22 de junio que removió a siete directores policiales de sus puestos después de que fueran sometidos a una prueba de polígrafo.
LEA MÁS: Mario Zamora renuncia a la Defensoría por esta razón que tiene que ver con su nuevo trabajo
En un video compartido a la prensa, la mandataria explicó que le pidió al ministro de Seguridad, Gerald Campos, que cesara los nombramientos de directores a siete personas.
Los funcionarios fueron removidos de sus cargos porque no aprobaron la prueba de polígrafo. La Presidencia señaló que siete de 33 funcionarios que fueron sometidos no la pasaron.
“Hoy ordené al ministro de seguridad que separe del grupo de fuerza élite y que cese los nombramientos de confianza que ocupaban como directores siete funcionarios que no pasaron la prueba de polígrafo. Siete de 33 funcionarios no la pasaron”, dijo Fernández.
“Para tranquilidad de todos los costarricenses, los ministros y directores de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad) y de la UEI (Unidad Especial de Intervención) aprobaron sin problema. ¿Qué va a pasar con los siete directores de confianza que no pasaron la prueba? Fueron removidos de inmediato de sus puestos de dirección y, adicionalmente, instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos", añadió.
Este medio consultó al Ministerio de Seguridad Pública y a Presidencia quiénes son los directores policiales que fueron cesados. Nos indicaron que nuestra consulta se encuentra en trámite para brindarnos una respuesta.
LEA MÁS: Ministerio de Salud revela cuáles son los virus que más están circulando en el país
¿Qué temas se abordan en la prueba?
El Gobierno afirmó que en la prueba de polígrafo se hacen preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos.
También consultamos a las autoridades cuáles son las preguntas que se les hacen a los funcionarios, pero estamos a la espera de la respuesta.
Cuando Laura Fernández anunció que iba a someter a los funcionarios—incluyendo ministros—a la prueba, no dio muchos detalles sobre cuál es su objetivo. Sin embargo, el Gobierno planteó que es una forma para evitar que el crimen organizado se infiltre en reuniones de la administración.


