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Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), al anunciar su plan de gobierno el viernes anterior, aseguró que está dispuesta a suspender las garantías individuales de los costarricenses en un eventual gobierno suyo.
La candidata, quien presenta la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves, sorprendió con esas declaraciones y encendió las alarmas con un tema tan delicado.
“¿Qué significa? Significa que si la cosa se pone muy fea, que ni Dios lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, hacer levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos malandros de circulación”, dijo Fernández al hacer el anuncio.
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¿Qué son las garantías individuales?
La Constitución Política destaca varias garantías individuales que son inviolables y que constituyen la esencia de la democracia de Costa Rica, entre ellas están:
- Derecho a la libertad (nadie puede ser esclavo).
- Derecho a la vida.
- Libertad de tránsito.
- Derecho a la integridad personal (nadie puede ser sometido a la tortura ni a tratos crueles).
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- Derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.
- Derecho al debido proceso y la defensa.
- Derecho a reunirse con otras personas.
- Libertad de expresión.
- Todos los costarricenses son iguales ante la ley.
- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez.
El riesgo de abrir la puerta al autoritarismo
Muchas personas quedaron impactadas y muy preocupadas con el anuncio de la candidata porque el quitarle las garantías individuales a los costarricenses, abre una puerta a una realidad muy peligrosa que ya se vive en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, incluso ya se está viendo algo similar en El Salvador.
Rosa Ruiz, mamá del médico costarricense Yerry Estrada Ruiz, quien fue detenido el 13 de agosto de este año por el régimen nicaragüense, sabe muy bien lo delicado que es ese tema.
Yerry participó en las protestas sociales que se dieron en Nicaragua en el 2018, y se manifestó contra una ley que desfavorecía a los jubilados y pensionados.
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Desde entonces, el gobierno nicaragüense lo ha acosado a él y a varios familiares y ahora, para arrestarlo, lo acusó de presunta pornografía infantil, así como de terrorismo y traición a la patria.
Doña Rosa dice que no sabe si su hijo está vivo o muerto porque a él le arrebataron sus garantías individuales y no puede ni siquiera comunicarse con él. Además, sospecha que lo están torturando.
“El quitar las garantías individuales es abrir una puerta, yo llamaría una puerta hacia la muerte de las personas costarricenses, las deja sin ninguna protección contra el encarcelamiento, por ejemplo, como el que está viviendo mi hijo.
“Dejan a las personas al descubierto, las dejan expuestas a manos de cualquier dictadura... Creo que eso es muy grave, el pueblo costarricense tiene que abrir los ojos”, dijo la mujer, quien todos los días le pide a Dios que le haga el milagro de ver a su hijo libre.
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Experto califica la propuesta como peligrosa e ignorante
El abogado constitucionalista Rubén Hernández coincide con doña Rosa sobre el peligro que representa el solo hecho de anunciar la posibilidad de quitarle a la gente las garantías individuales.
“Hay una gran cantidad de derechos que se pueden suspender. Para mí el más grave de todos es el artículo 28 de la Constitución, que establece que los privados (las personas) podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Es decir, ese principio de libertad jurídica.
“Si a uno le suspenden esa garantía pueden prohibirle cualquier cosa. Es decir, se podría llegar a un Estado totalitario en el que ya se prohíba cualquier cosa, hasta sonreír, es gravísimo” argumentó.
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Ahora bien, Henández dice que quitar las garantías individuales afortunadamente es algo muy poco probable.
“Es una ignorancia total porque el Poder Ejecutivo solo puede suspender las garantías cuando hay recesos legislativos y estos son muy raros, solo a fin de año, en Semana Santa y una semana en julio. Además, el eventual decreto de suspensión de garantías implica la convocatoria automática para que la Asamblea Legislativa se reúna en las siguientes 48 horas y, para que se mantenga la vigencia del decreto, se requiere el voto de al menos 38 diputados”, dijo el abogado.
El experto dijo también que el que Fernández salga diciendo que si es necesario quitar las garantías individuales, lo hará, la deja muy mal parada.
“Eso revela que no tiene planes concretos acerca de cómo enfrentar el problema de la seguridad, si los tuviera no tendría que acudir a esto.
“Ella formó parte de este Gobierno activamente, y el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de resolver los problemas de inseguridad, no hay un plan para los próximos seis meses que faltan. Esta es una manifestación muy pobre, con falta de tino, que demuestra incapacidad total para resolver problemas”, agregó el constitucionalista.
