El magistrado Jorge Araya, quien postuló su nombre para ser reelegido en el cargo que ocupa en la Sala Constitucional, dijo este viernes que los bloqueos de los diputados oficialistas han impedido que se tramite una nueva solicitud del levantamiento de la inmunidad del ministro Rodrigo Chaves.
Araya llegó a la Asamblea Legislativa para participar en la Comisión de Nombramientos y responder las preguntas de los legisladores ante su intención de reelegirse.
El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio, le preguntó al magistrado sobre los riesgos de impunidad cuando los investigados tienen capacidad de influir en la designación de jueces y en el presupuesto de las instituciones que se encargan de hacer las investigaciones.
“Es delicado. Nosotros no hemos podido presentarles a ustedes, el primer poder de la República, por ejemplo, una acusación formal contra uno de los miembros de los Supremos Poderes, precisamente porque cuando la Corte actúa como tribunal jurisdiccional, requiere cuórum completo y nos falta uno. Y por esa falta de un suplente, no hemos podido enviar la segunda acusación contra el señor Chaves”, detalló Araya.
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, ya había advertido sobre ese mismo tema en julio pasado.
¿Por qué quieren pedir el levantamiento de inmunidad?
La solicitud del levantamiento de inmunidad contra Chaves está relacionada con una investigación por presuntos delitos electorales. Al parecer, en la campaña electoral de 2022, el Partido Progreso Social Democrático habría usado estructuras paralelas ilegales en el financiamiento de la campaña de Chaves, que lo llevó a la silla presidencial.
Para remitir esa petición a los diputados, debe integrarse el tribunal de Corte Plena, que debe conocer la solicitud de desafuero. Paul Rueda, magistrado propietario de la Sala Constitucional, solicitó apartarse del conocimiento del caso y su inhibitoria fue aceptada; debido a eso se necesita que un magistrado suplente ocupe su cargo para hacer el trámite, pero ahorita no hay magistrados suplentes debido a que los diputados del Partido Pueblo Soberano se niegan a elegirlos.
Desobedecieron la Sala Constitucional
La Sala Constitucional resolvió en julio pasado un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa y rechazó los argumentos de los diputados oficialistas para impedir la elección de magistrados suplentes.
Los magistrados ordenaron a la presidencia del Congreso someter a discusión los nombramientos en la primera oportunidad posible.
Pese a eso, los oficialistas no dan el brazo a torcer y se han negado a elegir a los nuevos magistrados suplentes.
El retraso en esos nombramientos, que están pendientes desde diciembre del año pasado, ha afectado la tramitación de casi 150 expedientes en la Sala IV.


