Este lunes 29 de junio, el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa fue el escenario para la firma del llamado “Pacto Patriótico Costarricense”.
Este acuerdo político y social une a las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) para el periodo 2026-2030, en conjunto con la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases).
El objetivo central de esta alianza es establecer acuerdos vinculantes, dar seguimiento a compromisos y promover la defensa de instituciones del Estado Social de Derecho, tales como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las universidades públicas, entre otras.
Ejes centrales del Pacto Patriótico
El documento establece 12 puntos de acción basados en el diálogo social y el bienestar ciudadano:
- Institucionalidad y democracia: Defensa del Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, la estabilidad democrática y la Constitución Política.
- Diálogo social: Priorizar la convergencia para el bienestar ciudadano, permitiendo que la red de sectores sociales impulse proyectos de ley y ejerza control político a través de los diputados.
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- Fomento y defensa de la libertad de prensa: Fomento del derecho a la información, la participación ciudadana y una fuerte lucha contra la violencia de género.
- Seguridad y combate al crimen: Mayor presupuesto para cuerpos policiales y la transformación de la DIS en una unidad de inteligencia civil, eliminando por completo su carácter político.
- Prevención del delito: Promoción de una cultura de paz integral mediante el deporte, la expresión artística, la educación y la recuperación de espacios públicos.
- Inversión educativa: Plan gradual para cumplir el mandato constitucional de destinar el 8% del PIB a la educación y asegurar la estabilidad laboral del sector docente.
- Fortalecimiento de la CCSS: Exigir un plan de pago de la deuda estatal, reducir las listas de espera, solucionar la falta de especialistas médicos y abordar la salud mental.
- Política fiscal progresiva: Evaluación de la regla fiscal para proteger la inversión social, orientando la economía hacia la equidad y sancionando penalmente la evasión tributaria.
- Soberanía ambiental: Prohibir la minería a cielo abierto, defender el territorio en Crucitas, garantizar el acceso al agua y otorgar competencias de policía ambiental a los guardaparques.
- Protección a grupos vulnerables: Creación de un Sistema Nacional de Cuidados y resguardo integral de los derechos de mujeres, niñez, comunidad LGBTIQ+, pueblos originarios, migrantes y adultos mayores.
- Apoyo a los productores nacionales: Impulso a la producción nacional, rechazo a la adhesión a la Alianza Transpacífico y búsqueda de alternativas al actual decreto de “areteo” ganadero.
- Lucha anticorrupción: Fortalecimiento de la legislación contra el enriquecimiento ilícito e impulso de la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado abierto y transparencia digital.
¿Quiénes firmaron el acuerdo?
Para garantizar el cumplimiento y la articulación de este pacto, se integrará un equipo de asesores técnicos y políticos conjuntos.
El documento fue ratificado por las siguientes jefaturas de fracción y líderes sociales.
Por el Bloque Democrático Legislativo: El diputado Álvaro Ramírez Bogantes (PLN), el diputado José María Villalta Florez-Estrada (FA) y la diputada Claudia Dobles Camargo (CAC).
Por Renases (Equipo Timón): Gilda Montero Sánchez (ANDE), Gilberth Díaz Vásquez (SEC), Albino Vargas Barrantes (ANEP), Martha Rodríguez González (UNDECA), Lenín Hernández Navas (SINAE) y José María Oviedo Chaves (UNAG).



