EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha insistido en diversas ocasiones en permitir la minería a cielo abierto en Crucitas.
Su más reciente intento es un proyecto de ley para reformar, de manera parcial, el Código de Minería, permitiendo que se regule y se asignen concesiones a través de subastas públicas.
No obstante, esta iniciativa podría no ver la luz del día, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) adelantara que esta podría ser inconstitucional.
A ojos del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la Contraloría, este proyecto conlleva varios riesgos que no se pueden pasar por alto.
El más importante es que, para la CGR, este proyecto podría significar un retroceso en los estándares ambientales del país.
Para que lo entiendan mejor, en el mundo de las leyes existe algo llamado “principio de no regresividad” que, en pocas palabras, dice que un derecho, una vez adquirido, no se puede quitar.
Esto aplica también para las leyes medioambientales.
La protección ambiental no se puede disminuir sin una justificación de peso y, en este caso, según la Contraloría, no se han presentado argumentos ni evidencia de peso que justifiquen ser más flexibles con los controles actuales.
Otro punto que les preocupa es que no se deja claro cómo se van a llevar a cabo los procesos técnicos de minería, dejando vacíos que podrían ser aprovechados sin restricciones, en el futuro.
Esto choca con el principio preventivo, que busca anticipar y evitar los daños al ambiente mediante regulaciones claras.
Tercero, también se les cuestiona que el proyecto permitiría el uso de “cualquier tecnología aprobada” por el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud.
No obstante, no se establecen criterios técnicos claros, lo que se presta para que las empresas mineras usen tecnologías que podrían ser altamente contaminantes.
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Por último, salió a relucir que la iniciativa propone que sea el Consejo de Gobierno (conformado por el presidente y sus ministros), el que escoja a quién se le otorga la concesión.
Esta idea no cayó para nada bien en la Contraloría, que sostiene que esto se presta para malos entendidos, además de que afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la idoneidad técnica.
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Ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
La CGR le recomendó al presidente y a su equipo de trabajo que si van a seguir adelante con esta propuesta, tienen que reformularla profundamente, y hacer los cambios que han pedido o se la van a traer abajo.
