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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Dirección General de Servicio Civil han establecido nuevas reglas que buscan exigir a las instituciones del país una mejor planificación al momento de despedir funcionarios por recortes o restructuraciones laborales.
La medida entró en vigor el miércoles 23 de setiembre tras su publicación en La Gaceta, y responde a la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0016-2026, firmada el 28 de agosto por la ministra de Planificación, Carla Morales Rojas, y el director general interino de Servicio Civil, Carlos Calvo Coto.
Aunque la Ley de Empleo Público, en su artículo 20, ya permite incurrir en despidos para lograr una labor más eficaz en las instituciones (en casos excepcionales), la nueva circular busca establecer direcciones más claras al tomar estas medidas.
El documento señala que una reestructuración laboral no es necesariamente motivo suficiente para despedir funcionarios. Asimismo, de contar con personal cubierto por el Régimen de Servicio Civil, se deberá cumplir con las indicaciones del artículo 47 de su estatuto.
Se requerirán informes mas detallados
Sumado a esto, la circular indica que, de requerir esta medida, la institución deberá presentar un informe detallado con las razones detrás de los ceses laborales, estudios financieros, los puestos específicos que sufrirán recortes y las medidas alternativas consideradas antes de recurrir a los despidos, tales como reubicaciones, redistribución de funciones o congelamiento de vacantes.
También se establece que la medida deberá ser tramitada por los organismos correspondientes para verificar la situación jurídica específica de cada trabajador, garantizando el apego al ordenamiento jurídico y el pago de las prestaciones e indemnizaciones según corresponda en cada caso.
Esta medida parece indicar que el Gobierno prepara mejores procedimientos en caso de tener que incurrir en recortes dentro de instituciones públicas, poniendo medidas que hagan el proceso de reestructuración mas sencillo antes de despedir en caso de movimientos o cambios en el aparato estatal.
