Ponerle etiquetas al licor para confirmar su calidad genera roncha entre diputados

El polémico proyecto de ley que pretende que el Gobierno contrate un sistema de etiquetado de licores volvió a levantar roncha en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, propuesta por el diputado liberacionista Daniel Ulate, pasó primer debate la semana pasada con 35 votos a favor y 5 en contra, pero todavía sigue calentando los ánimos. “Lamentablemente, lograron bombardearlo (el proyecto). Siento vergüenza, que una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza. Daniel, sus propios compañeros lo han traicionado, hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblarles el brazo a los diputados”, acusó el diputado Luis Ramón Carranza, del PAC.

De inmediato la diputada liberacionista, Paola Valladares, se le fue con plancheta al diputado Carranza.

“¿Usted quién es para señalarme a mí, tiene pruebas de que mi conciencia ha sido comprada?. Su fracción hace lo mismo cuando las cosas no salen como su partido había pensado. Si tiene pruebas de pagos ponga la denuncia, ¿tiene los pantalones para hacerlo?”.

La iniciativa pretende que Hacienda financie un sistema que permita a los ticos comprar una botella de licor que, al tener la etiqueta gubernamental, cumple con todos requisitos del Ministerio de Salud.

Sin embargo, por ningún lado el proyecto dice de dónde se sacará la chochosca para financiar el caro sistema de etiquetado, pero lo que calentó los ánimos fue que en este primer debate se dejó por fuera un futuro etiquetado a las birras.

Por todo lado. Las etiquetas no solo generan bronca en la Asamblea, también afuera.

Esteban Giudici, analista de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), asegura que el caro sistema de etiquetas al licor no ha funcionado en los países donde se utiliza y que más bien alborota el negocio del contrabando.

Mientras que la Red Nacional Antitabaco (Renata) aseguró en un comunicado que TRACIT está dando datos falsos para defender la industria del tabaco y el licor.

La polémica rodeó esta iniciativa desde su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos, puesto que una empresa suiza que representa el expresidente José María Figueres para América Latina cumplía con las características de la compañía que debía ofrecer el servicio contratado. Y como lo dio a conocer La Nación, el propio Figueres tuvo reuniones con las entonces autoridades de Hacienda para promover la contratación. La fracción del PLN mantuvo por meses una fuerte polémica sobre el asunto.