Luego de que estallara el escándalo del presidente Rodrigo Chaves por el crédito del BCIE, en el que podría haber incurrido en delitos, saltan muchas dudas al respecto sobre qué pasará ahora.

Según informó el periódico La Nación este lunes, Chaves se habría asegurado de que su asesor de imagen Federico Cruz, conocido como Choreco, fuese parte de un contrato de $300.000 (unos ¢158 millones) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, el cual fue financiado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), algo que causa desconfianza y deja muchas preguntas.

A raíz de ese tema la Fiscalía abrió una investigación y según explicó el abogado Fabio Oconitrillo, habrá que ver si las pesquisas terminan en un juicio, solo el tiempo lo dirá.

Se ha hablado mucho sobre el tema de los audios revelados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, ya que Presidencia dice que era privados y revelarlos consiste en un delito.

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Oconitrillo reconoce que revelar comunicaciones privadas sí es un delito, pero también puede haber ocasiones especialísimas donde eso se justifique.

“El delito se llama captación indebida de manifestaciones verbales que implica grabar sin consentimiento a una persona, pero podría generarse la discusión, que me parece que es lo que va a ocurrir en este caso, habría que debatir y probar si la persona que grabó, considera que está corriendo peligro, está siendo amenazada, o están de alguna manera vulnerándose sus derechos y la única manera que tiene para probar su dicho es aportar esa grabación, si eso se demuestra podría generarse una excusa o una justificación para la utilización de la grabación y al final podría ser que a esta persona no la encuentren responsable de este delito.

“Otra justificación para la publicación de los audios podría ser que las informaciones que contienen son de interés público, eso podría ser argumentado por la exministra de Comunicación”, manifestó el abogado.

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Qué delito podrían achacarle

Oconitrillo dice que la Fiscalía podría achacarle a Rodrigo Chaves el delito de Tráfico de Influencias, que es sancionado con penas de entre los dos y los cinco años de prisión.

El abogado dice que si la investigación del Ministerio Público avanza y se logra detectar que efectivamente se dieron hechos incorrectos por parte de Chaves o algún otro funcionario del Gobierno, podrían darse sorpresas en Casa Presidencial.

“En caso de que haya un proceso penal contra algunos de los miembros de los supremos poderes que tienen inmunidad, como el caso del presidente de la República, tendría que haber un procedimiento específico por parte del fiscal general para que pida a la Sala III que se le levante la inmunidad para que se proceda penalmente”, explicó el abogado.

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Pueden llegar a darse allanamientos en Casa Presidencial, secuestros de información y otras diligencias, incluso detenciones, pero no con esposas como las que hace normalmente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sino algo más pasivo por tratarse de los altos poderes de la República.

El abogado Boris Acosta, por su parte, dice que si esta investigación llega a avanzar, no cree que sea algo rápido, todo lo contrario, podría llevarse unos cinco años o más, así que, si la Fiscalía llegara a ordenar la detención de Rodrigo Chaves, sería ya varios años después de que termine su administración.