Magaly Obando se siente indignada por verse forzada a presentar un recurso de amparo para que la dejaran subirse a los buses de la empresa Transportes La Pampa Limitada con el scooter que debe utilizar para movilizarse debido a una discapacidad que tiene.

El pleito de Obando, quien es regidora en la municipalidad de Nicoya, empezó el pasado 4 de marzo cuando vivió un episodio vergonzoso y discriminatorio que no le desea a nadie.

Ese día debía asistir a una entrevista en un medio de comunicación liberiano, y su mamá la acompañó.

Cuando se subieron al bus, el chofer bajó la rampa para que Magaly se subiera, ella puso el scooter en el espacio para las sillas de ruedas y luego, con la ayuda de su mamá, se sentó en uno de los asientos del bus.

“Tengo tres años de tener el scooter, me lo donó el MEP. Ellos le dieron uno a mi hermana, Daniela, que tiene la misma discapacidad (Charcot-Marie-Tooth) y otro a mí, ya que estudiamos en el CTP de Nicoya. Es de uso exclusivo para las personas que tenemos alguna limitación física o para adultos mayores. En las indicaciones de fábrica dice que cuando es transportado en un vehículo uno no debe estar sobre él porque es peligroso. Además, por mi discapacidad no puedo estar mucho tiempo en una sola posición y ese era un viaje de dos horas.

“Cuando mi mamá le pagó al chofer, él no tenía vuelto, por lo que a medio camino el señor parqueó el bus y empezó a dar los vueltos y al dárselo a mi mamá nos dimos cuenta de que nos había cobrado tres pasajes, y dijo que era por el scooter”, recordó.

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Como si no existiera

El viaje continuó y la regidora recordó que al llegar a Liberia un funcionario del lugar dónde le iban a hacer la entrevista empezó a tomar fotos y videos mientras ella se bajaba del bus y eso aparentemente molestó al chofer, quien le dijo al hombre que dejara de grabar, porque él había cobrado tres pasajes por orden de sus superiores.

“El chofer hasta le puso un audio que le mandaron en el que supuestamente decían que tenían que cobrarme el pasaje por llevar el scooter porque yo estaba usando el campo de las sillas de ruedas. Yo le dije que por favor me permitiera escuchar el audio, pero me ignoró.

“Después fuimos con la gente de la empresa de buses y fue lo mismo, yo traté de hacerles entender que no andaba en ese scooter por gusto y prácticamente me dejaron hablando sola”.

La afectada contó que el viaje de regreso la situación fue igual de incómoda, el chofer (era otro) se notaba molesto y a medio camino detuvo el bus, se bajó, le tomó fotos al scooter y tiró la puerta lateral de mala gana, luego, presuntamente dijo que por llevarla en el bus lo habían regañado y que esa era la última vez que la empresa la iba a transportar.

La experiencia fue tan terrible que no dudó en acudir a la Sala Constitucional.

“Es frustrante que uno tenga que pasar por estas cosas, pelear para viajar en bus como cualquier otra persona. Uno llega a deprimirse y desea ni salir para evitar estas cosas. Ese scooter me permite ser más independiente, me facilita mis actividades, pero algunos no lo entienden”.

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No es obligación

Magaly puso el recurso de amparo el 19 de marzo de este año, por lo que los magistrados le pidieron a la empresa de buses su versión de los hechos y respondieron que ellos no tienen la obligación de transportar un scooter como que el que usa la denunciante.

“...de acuerdo con lo establecido en la ley 7600 y la normativa de revisión técnica, los autobuses no están acondicionados para movilizar en forma segura triciclos o scooter eléctricos, cuyo diseño es muy diferente al de una silla de ruedas, para el cual los autobuses si deben estar debida y técnicamente habilitados.

“...al normativa no tiene descripciones para el tipo de aparatos que utiliza la tutelada. Considera que, con lo anterior, se logra acreditar que el equipo de movilización de la recurrente no es una silla de ruedas y que por ello la empresa de buses no tiene la obligación legal de transportar a la mujer con su triciclo o scooter eléctrico dentro de los autobuses, ya que sería irrazonable y desproporcionado pretender que las empresas de servicio público de transporte en la modalidad autobuses deban adaptar su flota automotor cada vez que aparezcan nuevas tecnologías para las personas con discapacidad”, argumentó la empresa en esa ocasión.

La Teja contactó este lunes a la empresa de buses para saber si había hecho alguna investigación interna para verificar si la afectada había recibido los maltratos denunciados, pero ellos dijeron que no porque nunca recibieron una denuncia directa y pese a que si rindieron declaraciones a la Sala IV, dicen que nunca fueron notificados directamente por ella, sino más bien por el CTP.

Al final, los magistrados resolvieron el recurso el 20 de agosto pasado y lo declararon parcialmente con lugar es decir que acogió algunas cosas y otras no, pero le zocó la faja al CTP.

Ellos ordenaron al Consejo de Transporte Público que a más tardar en tres meses debían hacer las coordinaciones necesarias para garantizar que las empresas de transporte público brinden sus servicios de manera accesible y adecuada a las necesidades de las personas que emplean scooters eléctricos para desplazarse, en virtud de alguna discapacidad.