La Sala Constitucional (Sala Cuarta) declaró sin lugar un recurso de amparo que presentó la Defensoría de los Habitantes en el 2018, asegundo que la existencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) era inconstitucional.
Explica la Sala Cuarta que la declaratoria de insconstitucionalidad del recurso de amparo presentado por la Defensoría se da “siempre y cuando se entienda que la labor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional se encuentra sometida a los controles jurisdiccionales y administrativos previstos en el ordenamiento jurídico”.
La decisión de la Sala fue unánime y la votación fue a las 1:10 p. m. de este miércoles 23 de abril.
Explica la Sala que “los artículos 13 y 14 de la Ley General de Policía y el numeral 1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Decreto Ejecutivo nro. 32522 de 27 de julio de 2005, no son inconstitucionales”.
El magistrado, Jorge Araya, argumentó: “La Sala estimó que se trata de un sin lugar. Sin embargo, la Sala hizo hincapié en que no estamos en presencia de un estado que le permita a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional estar exenta de los controles constitucionales y legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
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“En cuanto a varios de los artículos propiamente invocados por la accionante, la Sala consideró que no estaban suficientemente fundamentadas sus alegatos de inconstitucionalidad.
“De tal manera que siempre la línea de resolución es en el sentido de un sin lugar, pero reitero, haciendo la observación que la DIS (como se conoce popularmente) no está liberada ni exenta de todos los controles que la Constitución y el ordenamiento jurídico establece para las instancias públicas y en particular para los cuerpos de policía, en este caso un cuerpo de inteligencia como la DIS”.
En el 2018 la Defensoría de los Habitantes había dicho que la DIS era un riesgo para los derechos humanos.
“Históricamente, alrededor del mundo los servicios de inteligencia han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos y que, en virtud de esos abusos, se han establecido estándares internacionales para controlar sus acciones.
“Los artículos sobre la DIS son insuficientes y sufren de vacíos en cuanto a garantías a los derechos de las personas que podrían poner en riesgo los derechos humanos de la población”.
En aquel 2018 Monserrat Solano era la defensora de los habitantes y aseguró que “existe una gran confusión y desconocimiento público en torno a las actividades de la DIS y de la inteligencia para la seguridad nacional”.