Una vecina del centro de Alajuelita, quien pidió que su nombre no fuera revelado, le ganó un pulso a la muni de su cantón al ganar un recurso de amparo.

La mujer acudió a la Sala Constitucional porque desde el 2016 ha estado poniendo quejas en la municipalidad de Alajuelita por problemas que tiene en su barrio, pero la institución nunca le resolvió nada.

“En dos casas que están cerca de la mía hay venta de aparente licor y máquinas tragamonedas sin que los dueños de las viviendas tengan ningún tipo de permiso o patente. Siempre después de las 6 de la tarde empieza a llegar la gente a comprar licor y se queda tomando ahí en la calle o se ponen a jugar con las máquinas entonces hacen bulla, pero no crea que se quedan un ratico, a veces son las 2 o 3 de la madrugada y están hasta con música.

“Si uno llama a la policía los oficiales llegan, hablan con ellos, las personas bajan un rato el volumen y cuando se van los policías le vuelven a subir. Yo he puesto ya tres quejas en la municipalidad y un día me respondieron por correo electrónico que no podían hacer nada porque los hechos que yo describía ocurrían fuera del horario laboral de la municipalidad, como que si los impuestos que uno pagara fueran solo para usarse en un horario específico”, expresó la denunciante.

LEA MÁS: (Video) ¡Qué sabor! Johan Rugama, trabajador de la muni de San José, enseña cómo se baila el swing criollo

Pellizcada

Para tratar de facilitar el trabajo de la muni la denunciante tomó fotos y videos en los que quedaba claro que la gente llegaba a las viviendas a, aparentemente, comprar licor y que hacían escándalos en la calle, pero ni con eso los funcionarios del municipio actuaron.

Cansada de estar pidiéndole a la muni que le ayudara a recuperar la paz en su propia casa, el 24 de junio pasado la alajueliteña interpuso el recurso de amparo y el 13 de agosto los magistrados resolvieron a su favor.

“Se declara con lugar el recurso, en relación con los ruidos, y denuncias por máquinas clandestinas tragamonedas y consumo de licor en vía pública. Se ordena a Roberto Alpízar Luna, en su condición de alcalde de Alajuelita, y a Ricardo Ocampo Salas, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Alajuelita, o a quienes ejerzan dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo no mayor a un mes contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan de manera definitiva las denuncias de la recurrente”, detalla la resolución.

“Yo espero que ya por fin, se resuelva la situación porque ya son muchos años de estar en esta situación y todos merecemos tener paz en nuestra propia casa”, dijo la afectada.