La Sala IV respaldó este miércoles la decisión del Gobierno de imponer un tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo, las cuales alcanzan hasta ¢12 millones actualmente

Sin embargo, el tribunal aclaró, por mayoría, que el tope no se le podrá imponer a las jubilaciones otorgadas antes del 28 de diciembre 1998, ya que ese techo fue promulgado mediante una ley aprobada ese año.

A raíz del fallo, los pensionados de los regímenes de Gobierno y los educadores no podrán superar dicho monto de ahora en adelante. Actualmente, existen 61.000 pensiones de este tipo, 43.000 del Magisterio y 18.000 del Gobierno.

En el Magisterio, 1.884 pensiones superan los ¢2,7 millones, pero solo 374 se verían afectadas por la imposición del techo porque, según la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), la legislación saca del tope a todos aquellos pensionados que hayan trabajado más allá de la fecha en que podían jubilarse, aunque fuese un día adicional.

En el caso del Gobierno, otras 387 pensiones superan los ¢2,7 millones pero muchas pudieron ser concedidas también antes de 1998.

La Sala IV también establece que el Ejecutivo no podrá exigir a los pensionados de lujo la devolución de dinero en forma retroactiva por los pagos mensuales hechos en los últimos años.

Además se aclaró que, tanto para las pensiones otorgadas antes de 1998 como para las posteriores, siguen vigentes los demás rebajos aprobados por ley, como el impuesto sobre la renta, la cotización y la contribución solidaria. No obstante, la contribución solidaria ya no tendría efecto sobre las posteriores, pues este se cobra por encima del tope.

El fallo tendrá efecto a partir de que sea publicado en el Boletín Judicial.

El magistrado de la Sala IV Paul Rueda consideró constitucional aplicar al tope incluso a las pensiones anteriores a 1998 por un principio de “solidaridad social cuando un régimen de pensiones se encuentra en una crisis de sostenibilidad financiera, a fin de solventar esa situación”.

Presidente satisfecho

El presidente de la República, Carlos Alvarado, se mostró satisfecho por la decisión de un tema que se ha discutido desde hace 20 años.

“Estamos complacidos por el fallo de la Sala Constitucional que está dándonos la razón en la materia de poner topes a las llamadas pensiones de lujo. Es algo por lo que hemos luchado desde tiempo atrás, cuando yo era ministro de trabajo y cuando don Víctor Morales, jefe de fracción, también era ministro de trabajo”, dijo mediante un video difundido en redes sociales.

Alvarado recalcó que las pensiones son para proteger a las personas en su edad adulta y no para enriquecer a ciertos grupos, situación que, según el mandatario, tiene molesta una gran parte de la población.

La diputada del PUSC, María Inés Solís también se refirió al respecto del fallo de la Sala IV en sus redes sociales.

“En tiempos de crisis todos aportamos, aplaudo el respaldo de la Sala Constitucional al tope en las pensiones de lujo, debemos seguir buscando un gasto más flexible para sanar las finanzas públicas”.

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