Una huelga como la que se realizó el año pasado, que duró 89 días, solo hubiera durado dos si el actual proyecto de ley que pretende regular las huelgas, hubiera sido ley en aquel entonces.

En aquella manifestación, que se realizó desde el 10 de setiembre, al 7 de diciembre del año pasado, no podrán darse más en nuestro país una vez que entre a regir la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos entre en rigor.

Esa famosa huelga, donde se unieron educadores, transportistas y médicos hubiera durado, como máximo, unas 48 horas y aquellos que se apuntaron no hubieran recibido el pago respectivo de esos días de ausencia porque se suspende el contrato laboral.

La huelga era contra el plan fiscal, por lo tanto, era contra políticas públicas y el proyecto establece ese máximo de tiempo.

Tampoco podrán repetirse situaciones como chiquitos sin almuerzos o meriendas, porque los comedores estaban cerrados, pues ese servicio fue calificado en el proyecto como esencial y en esa condición están prohibidas las huelgas.

Los sindicatos deben establecer un plan, antes de jalar a huelga, que vele porque ese servicio se brinde y que, además, las escuelas permanezcan abiertas (sin recibir clases, si el profe está de huelga) e indicar las fechas del movimiento.

Si la huelga es por un conflicto laboral entre los maestros y el MEP, la duración puede ser de hasta 21 días, pero sin recibir pago.

En asuntos médicos, por ejemplo, no se habrían suspendido las más de 82 mil citas que se cancelaron del 5 al 12 de agosto de este año por la huelga de doctores. En ese período no se efectuaron 1.600 operaciones y se dejaron de realizar unos 120 mil exámenes y diagnósticos.

Esto porque el proyecto prohíbe del todo realizar huelgas a los médicos, Bomberos, Fuerza Pública, transporte marino y terrestre y otros cuyo servicio sea considerado esencial, como los comedores que nombramos antes.

Ahora, imagínense el ahorro para el país en platica.

La diputada Yorleny León de Liberación Nacional, una de las artífices del proyecto, dijo que la huelga de los 89 días le costó al país ¢195 mil millones de colones, una exageración, pero con la ley vigente, tomando en cuenta que hubiera sido de dos días y que se declare legal y que el patrono deba pagar, hubiera costado apenas ¢4.400 millones.

“Probablemente sea menos que ese monto, porque algunos de los huelguistas, ante este costo de que no me pagan el salario, decidían no sumarse”, dijo León.

También dijo que el proyecto incidirá en menos bloqueos en las vías públicas por parte de los huelguistas revoltosos, pues el lugar de hacer las huelgas es en el trabajo, no en las calles.

“Hay instancias judiciales para considerar esos bloqueos y el proyecto declarara no pacífica cualquier huelga que conlleve bloqueo de vías”, agregó.

La Sala Cuarta estuvo de acuerdo con casi todo el proyecto de ley, excepto con dos artículos donde sí encontró problemas. Uno es que los diputados no le consultaran a la Corte Suprema de Justicia si los servicios judiciales que son esenciales, afectaban a su funcionamiento.

Esos servicios son juicios por pensiones, derecho familiar, contravenciones y flagrancia, autopsias, entrega de cuerpos y otros. Los diputados pueden hacer la consulta o retirar del todo el artículo.

El otro fue que no se puede cerrar un sindicato por un delito que haya cometido alguno de sus integrantes, pues no se le puede atribuir a todos los miembros, el acto de una persona.

Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana, quien incluyó el artículo que indica que no se les pagará a los huelguistas los días no laborados, dijo que eso permite equilibrar la balanza en las huelgas, pues estaba del lado de los trabajadores.

“A ellos no les importaba alargar la huelga porque siempre les pagaban. Sino había solución seguían en huelga y no pasaba nada”, manifestó.