La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este martes, al Consejo de Gobierno, que se le exonere del pago del marcho del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.
Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer cumplir la ley.
“La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, dice la carta.
Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), no ha actualizado los datos que regulan la tarifa ordinaria de taxis, no realizando sus funciones básicas y obligando a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.
Y aunque los servicios ilegales de porteadores se mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley, se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o nada por detener este servicio ilegal, explican.
Otro golpe fuerte, recuerdan, se les dio en el 2015, porque aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la República, se niegan a cumplir las leyes vigentes, es el reclamo desde hace cuatro años.
“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo de Gobierno.