Taxistas y autobuseros se tiraron a la calle este miércoles para protestar porque, aseguran, el gobierno de Carlos Alvarado les dio la espalda con sus necesidades.

Taxistas de Alajuela, Heredia, San Carlos, Puntarenas, Limón, Guanacaste, Cartago y San José se dirigieron a Chepe para agruparse frente a Casa Presidencial, en Zapote, a eso del mediodía.

Más de 100 empresarios de transporte público, buses y la dirigencia de la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas, aseguran que ya están cansados de esperar soluciones de parte de las autoridades de gobierno ante la crisis económica ocasionada por la pandemia.

Explica Gilbert Ureña, representante de los taxistas, que después de varios meses de participar en una mesa de negociaciones, en la que el Gobierno junto con los representantes del sector del transporte público habían acordado trabajar un documento para atender sus necesidades, pero asegura que Presidencia retiró el apoyo sin justificación alguna.

“Hoy el gobierno de Costa Rica está dando la espalda a uno de los sectores que se ha mantenido firme, brindando un servicio público en beneficio de los usuarios. Siendo un sector que se encuentra en quiebra y cuyos concesionarios no tienen para hacerle frente los pagos de los bancos, la Caja, el canon, etc”.

Alrededor de las dos de la tarde, en el Edificio Cooperativo, costado norte del Mall San Pedro, los dirigentes confirmaron que si el Gobierno no los escucha seguirán manifestándose en las calles.

“Queremos la misma ayuda y trato del tren como servicio público que somos”, aseguró Maikol Vega, autobusero de San Carlos.

Entre lo que le piden está crear un decreto que oficialice una declaratoria de calamidad para el sector; aprobar una tarifa de salvamento de un 15% en conjunto con exenciones de impuestos temporales durante la pandemia; reglamentar una exoneración de impuestos; que los préstamos que tienen los taxistas sigan sin pagarse hasta el 2023 y con tasas preferenciales, y que el sistema de Banca para el Desarrollo compre los saldos de los concesionarios y permisionarios, con un período de 24 meses de gracia y 15 años para pagar.

Además, regulación de plataformas tecnológicas (Uber y otras); incluir con urgencia a los conductores de buses y taxis en el grupo 4 de vacunación y autorizar pasajeros de pie como ya fue autorizado en el servicio público de tren.

Desde setiembre del 2020, la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había alertado de la reducción de más de un 60% en el número de pasajeros y una baja en los ingresos del 64%.

Diálogo

El Consejo de Transporte Público en un comunicado dijo: “reiteramos que la situación que el sector de transporte público vive, en la presente coyuntura de crisis, no está en duda, pero dejar de dar los servicios o no poner los autobuses a operar es negar a los usuarios su derecho a ser transportados y eso es muy molesto para los usuarios, para los operadores y para todo el país, dado que es una actividad fundamental para reforzar la economía y la producción del país.

“De ahí que hacemos el llamado a utilizar siempre los espacios de diálogo que hemos mantenido durante la presente administración”.