Eduardo Vega.10 marzo

La suerte está echada.

Para este 11 de marzo a las 11 de la mañana está convocada una marcha de vendedores de tiempos clandestinos y toda persona que haga rifas. Saldrá del edificio de la Junta de Protección Social, en San José.

De acuerdo con la convocatoria, caminarán hasta la Asamblea Legislativa y quienes hicieron el llamado esperan que asistan familias completas para que el Gobierno vea quiénes se verán afectados si los diputados aprueban el proyecto de ley relacionado con loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados por la JPS.

Ese proyecto fue visto y aprobado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa el 2 de marzo.

La JPS confirmó en un estudio del 2019 que la venta ilegal superaba los 230 mil millones de colones al año. Foto John Durán.
La JPS confirmó en un estudio del 2019 que la venta ilegal superaba los 230 mil millones de colones al año. Foto John Durán.

“Este llamado es para que cada mujer madre soltera; usted, señor adulto mayor; jefe de familia que lleva dignamente el sustento a su familia. Les solicitamos a todas las personas que vayan de forma pacífica, responsable y respetuosa.

“Lleven a sus familias para que vean que no hay narcotraficantes, no hay terroristas, no hay vendedores de órganos, caminemos para que nos escuchen”, dice el anuncio de un grupo que se hace llamar Comité de Vendedores Independientes.

Les toca ahora a los diputados decidir si este proyecto se vuelve ley o no. Las sanciones por vender ilegalmente tiempos o hacer una rifa irían desde multas millonarias hasta penas de prisión.

Por ejemplo, hay cárcel de entre 6 años y 10 años si se comprueba delincuencia organizada, de 4 años a 8 años para todo el que financie, distribuya, administre y comercialice lotería ilegal. Las multas económicas van de los 4 millones a los 7 millones de colones.

La JPS confirmó en un estudio del 2019 que la venta ilegal superaba los 230 mil millones de colones al año.