Un trabajador del ICE, que no se quiere vacunar contra el covid-19, presentó un recurso de amparo porque está en desacuerdo con que se obligue a los trabajadores públicos a aplicarse dicho medicamento.

Luego de escuchar sus alegatos y también los de los encargados del proceso de vacunación, los magistrados se lo rechazaron, porque quedó demostrado que la aplicación masiva de la vacuna es necesaria para hacer frente a la pandemia.

El recurso fue interpuesto el 1º de noviembre pasado por un operador de subestaciones del ICE, cuyo nombre no fue dado a conocer.

El funcionario dice que decidió hacer eso luego de conocer la decisión del Gobierno de sancionar a los empleados públicos que no quieren el pinchonazo. Él dice que desconoce si tiene alguna contraindicación médica para recibir la dosis y considera que no tiene por qué correr el riesgo de que lo vacunen sin conocer si afectará su salud o su vida.

También considera que se trata de una agresión a su integridad física y moral, por la amenaza existente de incluso perder su empleo en caso de no vacunarse.

El trabajador solicitó a los magistrados que se declarara inconstitucional la obligación de recibir la vacuna y también que le ordenaran al ICE que no le apliquen ninguna sanción, ni le abrieran un proceso administrativo por negarse a vacunarse.

73% de los colaboradores del ICE ya están vacunados contra el covid-19, según datos al 1º de noviembre de 2021.

Medida necesaria

Los magistrados llamaron a declarar a Daniel Salas, ministro de Salud, quien explicó que las medidas tomadas durante la pandemia tienen fundamento científico y recordó que las autoridades de Salud poseen las facultades suficientes para dictar todas las medidas requeridas para enfrentar y resolver los estados de emergencia sanitaria, como lo es la vacunación obligatoria contra el covid.

“La Ley General de Salud dice lo siguiente sobre los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas que, por acciones o actividades, puedan afectar la salud de terceros: Toda persona deberá cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles”, detalla la sentencia de la Sala Constitucional.

El 26 de noviembre pasado fue cuando los magistrados declararon sin lugar el recurso de amparo.

En la resolución se explica que el trabajador del ICE está en todo su derecho de visitar un médico para que lo examine, ya que dice que no sabe si tiene alguna contraindicación que pueda ponerlo en riesgo de aplicarse la vacuna. En caso de que algún especialista en salud determine que sí tiene contraindicaciones, estaría exento de aplicarse el medicamento, de lo contrario, deberá poner el brazo.

Un hombre de Texas, Estados Unidos, que no estaba vacunado contra el covid-19, murió después de contraer ómicron, convirtiéndose en la primera persona en morir por esta variante en el país norteamericano.