Con una votación de 34 votos a favor y 17 en contra los diputados aprobaron esta tarde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en segundo debate.

El expediente 20.580, conocido como plan fiscal, fue aprobado diez días después de que la Sala Cuarta le diera luz verde.

La discusión por el fondo de proyecto inició a las 4 de la tarde de este lunes, gracias a que a las 12:35 p. m., llegó a la Asamblea Legislativa el voto completo de la Sala Constitucional que dio luz verde a este paso. Con este documento en el Congreso los diputados le metieron el acelerador a la votación en segundo debate.

Como era de esperar, los legisladores que estaban en contra hicieron uso de sus 10 minutos de intervención, mientras que los que estaban a favor no hicieron uso de la palabra para votar lo más ligerito posible.

“Espero que los diputados que votaron a favor de este plan fiscal tengan la razón y los otros 22 que estamos en contra estemos errados, espero que los siguientes años les den la razón a ustedes”, indicó el legislador Dragos Dolanescu, del Partido Republicano.

“Llegamos al final de una etapa de este expediente, pero la lucha por la justicia fiscal y tributaria seguirá después de hoy”, advirtió el congresista del Frente Amplio, José María Villalta.

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El voto de los siete magistrados tiene 357 páginas que explican las opiniones sobre las consultas de los legisladores relacionadas con el fondo de la reforma tributaria, es más grande que el que emitió sobre el matrimonio igualitario.

La reforma fiscal generó una huelga de sindicatos que se mantiene a la fecha con los gremios de educación y algunos del Poder Judicial. Este lunes se cumplen 85 días del movimiento, el cual inició el pasado 10 de setiembre.

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Largo camino

El pasado jueves 4 de octubre se dio el primer debate del plan fiscal con 35 votos a favor y 22 en contra. Luego el proyecto se fue a consulta en instituciones como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Gobierno y las 81 municipalidades, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas y las universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Finalmente pasó el filtro de la Sala Cuarta.

El Gobierno ha dejado bien claro que con la reforma fiscal Hacienda recaudará al menos ¢422.400 millones de más al mes, para ayudarse a apagar el incendio del déficit fiscal que quema las arcas del Estado. La mayor cantidad de harina ingresará al transformarse el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), algo que generará ¢181.500 millones.

La mayoría de productos y servicios que los ticos consumimos se mantendrán con el 13% de impuesto y también habrá un menor impuesto para la canasta básica, a la cual se le aplicará un 1%. Los médicos privados y abogados comenzarán a pagar IVA.

Los que más plata ganan, pagarían más, por eso se crea un impuesto al salario y otro para las ganancias de los certificados de inversión.

Otro de los temas de fondo que ataca la reforma fiscal es el gasto público, poniéndole freno de raya a aumentos por anualidades, pluses como los de dedicación exclusiva y se entierran los pagos por confidencialidad y discrecionalidad. Lo que busca el proyecto, también, es evitar los gastos descontrolados en el Estado.

¿Qué hace falta para que se convierta en Ley?

El camino del Plan Fiscal ha estado lleno de tropezones, luego de aprobarse en primer debate en la Asamblea Legislativa se envió a consulta externa a diferentes instituciones gubernamentales y a consulta facultativa a la Sala Cuarta, después de ahí, ya con la “bendición” de la Sala Cuarta, volvió a la Asamblea Legislativa donde este lunes 3 de diciembre se aprobó en segundo debate.

Lo único que falta es que le presidente de la república, Carlos Alvarado, le eche la chayotera, o sea, que firme el Plan Fiscal para que así se envíe a su inmediata publicación en el diario oficial La Gaceta, una vez que salga ahí publicado, listo calixto, el Plan Fiscal es Ley de la República, algo que podría suceder incluso antes de que se acabe este 2018, al que le faltan solo 27 días.