Este lunes el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, firmaron la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” (Ley N° 9808).

Alvarado agradeció a los diputados por la aprobación de esta ley e indicó que se trata de una regulación equilibrada y balanceada que permite a los trabajadores manifestarse en libertad sin afectar el derecho del resto de los ciudadanos. “Es una deuda que tenía el país por mucho tiempo”, dijo.

El expediente 21.049 fue aprobado en segundo debate por 35 diputados el 16 de enero anterior, luego de que el diputado Benavides lo presentara el año anterior y se le diera una vía rápida para su aprobación.

“Costa Rica transitó mucho tiempo en un ambiente de incertidumbre y caos en materia de huelgas”, comentó el legislador.

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“Más que consagrarse un derecho, se generó una enorme impunidad para un grupo que abusaba de la mayoría, pisoteando sus derechos a la salud y a la educación, entre otros. Esta nueva ley establece un equilibrio, un nuevo balance, para que la huelga siga siendo un derecho, pero sin permitir que unos pocos abusen de la mayoría”, agregó.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, dijo que, si bien la huelga es un derecho reconocido en el Código de Trabajo concebido para toda persona trabajadora en nuestro país, reiteran el llamado para aprovechar la vía del diálogo.

Algunos cambios

El proyecto de Ley declara ilegal las huelgas en los servicios públicos esenciales cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Asimismo, suspende el pago de los salarios de los trabajadores que participen en estos movimientos.

En ese contexto, será un juez quien emitirá una resolución razonada y que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión la reposición del salario de los trabajadores en caso de que el movimiento de huelga sea declarado legal.

La reforma rubricada este lunes contempla algunos cambios significativos al Código de Trabajo como permitir la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas, siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.