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Abelino Esquivel Quesada, exdiputado del Partido Renovación Costarricense (2014-2018), podría tener que pagar hasta ¢5 millones por el presunto delito de tráfico de influencias.
Así lo solicitó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en el juicio que se lleva a cabo en contra de Esquivel desde el pasado viernes.
El juicio se está llevando a cabo en los Tribunales de Goicoechea. Al exlegislador se le acusó de haberse reunido con Marco Feolí, exministro de Justicia, para supuestamente pedirle la aplicación de beneficios carcelarios a favor de un pastor apellidado Barquero Benavides, quien descuenta una pena de 16 años de cárcel por violar a una menor de edad.
“La PEP señala como pretensiones el cobro de daño social por hechos de corrupción en la función pública, a través de una acción civil resarcitoria estimada en la suma de cinco millones de colones”, informó la Procuraduría de la Ética Pública este miércoles.
El caso contra Esquivel inició en marzo del 2018, cuando poco después de la reunión Feolí lo denunció ante el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias.
En aquel momento trascendió que, al parecer, Esquivel le habría pedido al ministro de Justicia que intercediera para que al pastor se le diera el beneficio de libertad condicional o el sistema semiabierto, alegando que Barquero estaba descontando la pena desde el año 2012 en la cárcel Jorge de Bravo, en Cartago.
Luego de que se dio a conocer la denuncia, Esquivel dijo que se había dado un malentendido, pues el pastor no era amigo suyo y que más bien él estaba ayudando a una ciudadana (esposa de Barquero) para que ella pudiera pedirle a Justicia que revisaran su caso.
Según las autoridades, el juicio contra el exdiputado llegaría a su etapa final este jueves, pues se llevaría a cabo la etapa de conclusiones.
