Abogado de Juan Carlos Bolaños lucha para que no pase Navidad en la cárcel

Fiscalía pidió que el empresario sea enviado a la cárcel debido a que su tobillera electrónica pasó descargada 4 horas

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La tobillera electrónica que usa el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños estuvo descargada cuatro horas.

Por ese hecho la Fiscalía solicita que Bolaños vuelva a prisión preventiva hasta mayo del 2020.

Para Fernando Vargas, abogado de Bolaños, esta petición no tiene sentido. Dice que se trata de una persecución que solo busca hacerle daño a su cliente.

“Eso es simplemente un abuso, eso no ocurre con nadie más que con don Juan Carlos, como se está acercando la Navidad no quieren que él esté con su familia y por eso presentan una justificación tan pobre como esa”, opinó.

La solicitud de que vuelva a prisión fue presentada este martes ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Será este viernes, a las 9 de la mañana, que se conocerá la decisión de la jueza a cargo.

Vargas explicó que la petición de la Fiscalía nace a partir de una situación que ocurrió el 18 de noviembre, cuando la tobillera pasó cuatro horas sin carga.

“La Fiscalía quiere achacarle la descarga de la tobillera, pero no quiere reconocer que no hay forma de medir la carga pues la tobillera solo avisa por medio de una vibración y el aparatito ese pasa vibrando de forma continua por diversos asuntos”, sostuvo el abogado.

El abogado dijo no entender la posición de la Fiscalía y afirma que durante esas 4 horas Bolaños estuvo vigilado por oficiales de la Fuerza Pública, quienes garantizaron que no saliera de su casa.

“Hay que tomar en cuenta que don Juan Carlos ha llamado a monitoreo más de quince veces para hacerles ver los problemas de descarga, incluso por esa razón pidió una batería extra, pero le dijeron que no podía otorgársela”, dijo Vargas.

Según el abogado, desde abril de este año (cuando Bolaños recibió la tobillera) su cliente ha sito monitoreado por más de 5100 horas.

El empresario fue detenido en noviembre de 2017 debido a que es investigado por haber recibido un créditode $30 millones otorgado, en apariencia, de forma irregular por funcionarios del BCR. El empresario usaría ese dinero para importar cemento desde China.