La Fiscalía informó este viernes en la mañana que ya está lista la acusación contra nueve personas por el caso del cemento chino-Banco Popular.
Los imputados son Juan Carlos Bolaños Rojas, los gerentes de Sinocem Rojas Segura y Cortés Zúñiga, todos por tres delitos de influencia contra Hacienda Pública y la esposa de Bolaños, de apellidos Suárez Aguiar, por un delito similar.
Además están imputados los funcionarios del Banco Popular, Bogantes Brenes, quien se desempeñaba como analista de crédito, por dos delitos de influencia contra Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica. Al ejecutivo de negocios corporativos Gómez Barrantes por tres delitos de influencia contra Hacienda Pública y dos delitos falsedad ideológica y el analista de crédito Thompson Camacho por un delito de influencia contra Hacienda Pública.
También está imputado Delgado Negrini, jefe de la división de Banca Institucional Corporativa por tres delitos de influencia contra Hacienda Pública, y un delito de falsedad ideológica y el perito Arias Silesky por un delito de influencia contra Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica.
Según la investigación, los sospechosos realizaron acciones para lesionar los intereses patrimoniales de Hacienda y del interés público, por medio de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino.
“Los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago”, señaló la Fiscalía.
Según dijo la Fiscal General Emilia Navas, la investigación permitió determinar que Bogantes, Gómez y Bolaños habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de China mientras se tramitaba el análisis y la aprobación del crédito aunque sabían que la empresa no podía hacerle frente.
Además, las pesquisas realizadas por la Fiscalía arrojaron que con el dinero que desembolsó el Banco Popular nunca se importó cemento. Ahora se deberá decidir, en un plazo de tres días, si también presentarán una acción civil resarcitoria para reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos.
Con esa información, la Fiscalía acudirá con la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública para que se citen a las partes a una audiencia preliminar. Para solicitar la apertura a juicio será el juez el que defina si lo ordena o no.
El crédito tenía un tope de $5 millones de dólares y se desembolsó tres veces ese monto por un total de $15 millones, así que lo pagaban y luego lo volvían a pedir. La pérdida para el banco fue de $5 millones.
Los movimientos de dinero se dieron entre el 2016 y mediados del 2017.
El fiscal José Pablo Miranda, aseguró que Bolaños hacía abonos al crédito y que el banco le permitía hacer nuevos desembolsos hasta alcanzar el tope del crédito.
Los investigaciones hicieron trazar dólar por dólar para determinar el uso que se le dio al dinero, pero no dieron mayores detalles.
Ese dinero fue utilizado para otros asuntos de las empresas de Juan Carlos Bolaños y para gastos personales. “Este es solo un legajo del caso del cemento chino”, dijo Navas.
Las propiedad que puso Bolaños como garantía no cubrían el montó girado por el banco.
Aunque este caso primero se manejo como peculado a lo largo de la investigación los delitos se recalificaron estos tienen penas de entre dos y ocho años de cárcel por delito.
El expediente del caso es el 17-000015-0033-PE.