Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deberá sentarse en la silla caliente acusado por el delito de instigación pública.
El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José fue el que ordenó la apertura del juicio.
La denuncia por este caso fue presentada en setiembre del 2019 por los abogados Gloria Navas y Rubén Hernández Valle, quienes señalaron a Vargas por, supuestamente, promover el bloqueo de vías y fronteras.
En aquel momento diversos grupos sociales y sindicales protestaban en las calles en contra de un proyecto de ley para regular las huelgas en el sector público y otro de empleo público.
La elevación a juicio consta en una resolución dictada por el Juzgado Penal este 4 de mayo. La información se la confirmaron a La Nación.
Según el texto de la denuncia, los abogados hicieron el reclamo basados en el artículo 27 de la Constitución Política, el 280 del Código Penal, así como los numerales 16, 278, 279 y 280 del Código Procesal Penal.
En el numeral 280 del Código Penal se describe, precisamente, el delito de instigación pública y la penalización que le corresponde.
“Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”, dice el texto.