Sucesos

Alcaldes de San Carlos y de Osa renuncia a sus sueldos durante los 6 meses de suspensión

Los otros alcaldes investigados por el caso Diamante esperarán hasta que se resuelva la apelación que presentaron antes las medidas cautelares

Los acaldes Alfredo Córdoba, de San Carlos, y Alberto Cole, de Osa, investigados por el caso de supuesta corrupción llamado Diamante, renunciaron a su sueldo durante los seis meses de suspensión del cargo que dictó el Juzgado Penal de Hacienda como medida cautelar.

Esa medida fue establecida por la jueza a cargo el viernes 19 de noviembre y rige también para los otros cuatro alcaldes investigados: Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Mario Redondo (Cartago) y Arnoldo Barahona (Escazú).

La renuncia de Córdoba a su salario, de ¢3,8 millones mensuales, fue dada a conocer este lunes por el medio San Carlos Digital, el cual publicó un extracto de la carta que el alcalde envió al Concejo Municipal.

“Renuncio de manera formal al salario durante el periodo en el que las medidas cautelares emitidas por el juez me impidan ejercer mi función”, dice el documento.

Ese mismo lunes 22, Cole mandó un carta al Concejo local en la cual dice: “como servidores públicos, electos popularmente, nos cobija la responsabilidad de garantizar la ética y la transparencia como principios de nuestro actuar”.

Cole gana ¢4 millones mensuales.

Que sigan el ejemplo

Juan Diego González, presidente del Concejo Municipal de San Carlos, opinó que Córdoba tomó la mejor decisión.

“Me parece una decisión muy responsable, va en la dirección correcta y está a tono con lo que las personas esperan en una situación como esta; espero que sirva como ejemplo para que otros alcaldes tomen el mismo camino”, dijo.

Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo, alcalde de Cartago; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Alberto Cole, alcalde de Osa y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Fotos Archivo.

“Ahora lo que viene es consultar con el departamento legal de la municipalidad para determinar cómo es el trámite, pero estoy seguro de que se va a resolver de alguna manera”, añadió González.

La jueza que dictó las medidas cautelares contra los alcaldes dijo que no le correspondía a ella definir si la suspensión era con goce de salario o sin él y lo mismo indicó el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual señaló que esa decisión era competencia de los Concejos Municipales.

Además de la suspensión del cargo, la jueza estableció otra serie de medidas cautelares para los líderes municipales como el impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a testigos y a sus municipalidades, todo por un plazo de seis meses.

Alfredo Córdoba es el único de los alcaldes investigados por el caso Diamante que ha renunciado a su salario.

Esperarán apelación

Hasta este martes los otros cinco alcaldes vinculados con el caso de supuesta corrupción no habían hecho ningún pronunciamiento con relación a si seguirían el mismo camino que Córdoba.

Por medio de su abogado Alfonso Ruiz, el alcalde josefino Johnny Araya informó que está a la espera de que se resuelva la apelación que él y los otros investigados presentaron a las medidas cautelares.

“Me informa don Johnny que por el momento no se va a referir a ese tema, que él, al igual que los otros, va a esperar que se resuelvan las medidas cautelares de manera definitiva; una vez que esto ocurra, él de alguna manera entrará a considerar ese tema”, dijo el abogado.

El Concejo Municipal de San José analizaría este martes una moción presentada por el regidor Diego Miranda para que se suspendiera el salario de Araya durante el tiempo que estén vigentes las medidas cautelares, pero ni siquiera la vieron.

En cuando a Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, su abogado, José Pablo Badilla, dijo que este también esperará a que se resuelva la apelación a las medidas cautelares.

La noche del lunes, el Concejo Municipal de Escazú decidió, por mayoría de votos, rechazar una moción para que se suspendiera el salario del alcalde Barahona, alegando que todavía no había recibido una notificación oficial por parte del Juzgado Penal de Hacienda.

Jorge Eduardo Lobo, abogado de Humberto Soto, alcalde de Alajuela, dijo que, hasta donde sabe, su representado tampoco se pronunciará sobre el tema del sueldo hasta que se defina la apelación.

La Teja trató de conocer la posición de los alcaldes Mario Redondo (Cartago) y Alberto Cole (Osa), pero trascendió que estos son representados por defensores públicos y no fue posible contactarlos.