Fiscales investigan disputa entre diputada Karine Niño y su mamá por propiedades

La Fiscalía General de la República allanó la casa de la diputada liberacionista Karine Niño Gutiérrez, ya que, al parecer, se adueñó de una propiedad de forma ilegal.

Además se allanó un bufete, pues se sospecha que un abogado cometió los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.

El operativo comenzó la mañana de este jueves 23 de abril en la vivienda de la diputada, en Pozos de Santa Ana, San José, y en la oficina de un abogado de apellidos Quesada González en barrio Escalante, San José.

De acuerdo con la investigación de los fiscales, en febrero anterior, la diputada y el abogado habrían acordado llenar con información falsa el protocolo del notario público.

“Según se investiga, él (Quesada González) habría protocolizado un acta de la Asamblea Extraordinaria de socios de la empresa afectada, incluyendo información falsa relativa al nombramiento de la señora Niño como secretaria, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa víctima, para, posteriormente, inscribir dicho nombramiento ante el Registro de Personas Jurídicas”, explicaron en la oficina de prensa del Ministerio Público.

La diputada realizó un comunicado de prensa explicando que esta situación se trata de un problema familiar.

“Esta situación esta relacionada con una disputa legal por bienes patrimoniales entre mi mamá y mi persona, bienes ubicados en Guanacaste. Este proceso se inició por una denuncia que me interpuso mi mamá en marzo anterior y que se tramita en instancia judicial”.

Agregó que estos bienes son del papá de ella y no tienen relación alguna con el cargo que actualmente ejerce.

“Esperaría que esta situación no se esté maximizando precisamente por la investidura que poseo. De esta manera pido respeto como cualquier otro ciudadano ante problemas que acontecen en el seno de la familia”, dice en el comunicado la legisladora.

Al tratarse de un proceso en contra de una persona miembro de los Supremos Poderes, las diligencias han sido autorizadas por la Sala de Casación Penal y se realizan con la participación directa de la fiscala General en ejercicio, Paula Guido Howell, por establecerse de esta manera en la legislación.

Explicaron que por tratarse de un caso en investigación esta será toda la información que darán sobre este caso.

El Código Penal castiga el delito de falsificación de documentos y falsedad ideológica con de uno a seis años.