Funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) habrían beneficiado a 29 personas para que adelantaran la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) alegando que contaban con pensión por invalidez, al parecer, usando certificaciones falsas de la CCSS.

Estos hechos llevaron a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) a dirigir 18 allanamientos la mañana de este lunes 8 de mayo y a ordenar la detención de ocho personas.

La Fiscalía investiga a estas personas por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.

Los operativos los realizan en casas ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas. Además, en oficinas del Banco Popular (BP) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En un inicio se dijo que oficinas del Banco de Costa Rica (BCR) también habían sido allanadas, pero la Fiscalía aclaró que el operativo no incluyó a esa entidad bancaria, por lo que se disculpó por la imprecisión.

Modo de operar

Los sospechosos son de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.

De acuerdo con la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indicaba que, al parecer, un extrabajador de una empresa privada le habría contado a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular (BP) para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Además, este banco recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.

“Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 8 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.

“En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado”, señala la investigación.

El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.

La operadora de planes de pensiones del Banco Popular informó que a finales del 2020 denunció ante la Fiscalía que personas habrían retirado el ROP con certificaciones de pensión por invalidez presuntamente alteradas.

Por su parte el BCR solo indicó que las oficinas de esta institución no fueron allanadas y que trabajaban con normalidad.

Mientras que la CCSS señalaba que colaboraba con la investigación, que tenían conocimientos que sería contra algunos funcionarios de hechos que pasaron en años anteriores.