Tenga mucho cuidado si va a salir a la calle con un arma de fuego sin tenerla en regla porque podría ir a dar a la cárcel.
El jueves pasado salió publicada en La Gaceta la reforma a la Ley de Armas y Explosivos que endurece los castigos contra los portadores de armas ilegales.
Hasta ese día si una persona era detenida con una pistola que no estuviera inscrita se exponía a una sanción de entre uno a tres meses de trabajo comunal, pero eso ya cambió.
Con la reforma se establece que si una persona que no tiene el permiso de portación de armas anda un revólver o una escopeta podría ir a la cárcel de dos a cuatro años aunque el arma sí esté inscrita.
Ahora bien, si la persona cuenta con el permiso de portación pero anda un arma que no esté inscrita, se expone a penas de entre tres y cinco años.
Por último, si una persona compra, vende, porta, almacena, mete al país o exporta un arma que no esté permitida por la ley –por ejemplo, una AK47 o un fusil AR15– podría ser castigada con penas de entre cuatro y ocho años.
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Con esta modificación, el Ministerio de Seguridad espera disminuir los homicidios en vista de que la mayoría son cometidos con armas de fuego.
La Dirección General de Armamento tiene bajo custodia 495 armas de diversos tipos que han sido enviadas por el Poder Judicial porque están relacionadas con homicidios ocurridos entre el 2013 y el 2018.
De esas armas, 183 estuvieron en algún momento debidamente matriculadas; 143 pertenecían a personas y 40 estuvieron registradas a nombre de empresas de seguridad privada.