El Poder Judicial trata de curarse en salud y entre los requisitos para los aspirantes al puesto de fiscal general puso presentar una declaración de parentesco.

Esto significa que los interesados deberán informar, desde el inicio, si su pareja, hijos, hermanos u otros familiares cercanos son funcionarios judiciales, si alguno trabaja como abogado penalista y (en caso de que ocurra) explicar si participa en algún proceso penal. Igual tendrán que decir si tienen parientes que son proveedores del Poder Judicial o le venden algún servicio.

Estas son algunas de las novedades presentadas en el concurso que se abrirá este martes 24 de agosto para quienes quieran pulsar el cargo que dejó vacante Emilia Navas el 29 de junio, cuando se pensionó.

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Navas salió del Ministerio Público luego de una serie de cuestionamientos debido a un supuesto conflicto de interés que se dio en el caso Cochinilla, del que ella se apartó debido a que su pareja, Francisco Campos, es abogado de una de las empresas investigadas.

Garantiza transparencia

Eric Briones, especialista en derecho laboral, explica que las declaraciones de parentesco no son nuevas en la función pública y dijo que él las ve como algo positivo para mantener la transparencia ante la ciudadanía.

“Desde hace veinte años se viene hablando de la transparencia, incluso han surgido leyes para la función pública, como lo que tiene que ver con la protección para la ciudadanía, en el sentido de que (la gente) sepa que no hay ninguna transgresión o conflictos de interés, pues estamos hablando de intereses y fondos públicos”, dice.

“Lo veo como una protección dentro de la función pública para el Poder Judicial y específicamente para el Ministerio Público para evitar lo que se ha dado con otros puestos”, detalló Briones.

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Requisitos

Otros de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la Fiscalía General es ser costarricenses por nacimiento o naturalización, llevar viviendo en el país más de 10 años, ser licenciados en Derecho y haberse incorporado al Colegio de Abogados.

No podrán tener puestos de dirección en grupos religiosos, ser mayores de 35 años, haber ejercido la profesión de abogado durante al menos 10 años, salvo que se trate de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años.

Además, se les pide un mínimo de tres años de experiencia en la supervisión de personal, no tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia y entregar un currículum resumido.

El Poder Judicial habilitará un sitio web para que los ciudadanos conozcan quiénes son los aspirantes y vean cómo se va desarrollando el proceso. La elección la hacen los magistrados de la Corte Plena.