El ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Público de Heredia (Ibux-ESPH) se tienen un pulso bravo por el faltante de las tobilleras que usan los reos que tienen un beneficio carcelario.
Justicia informó que, desde el miércoles, la empresa herediana, la cual se encarga de la parte operativa y de monitoreo de esos dispositivos, se quedó sin aparatos, por lo que han tenido que jugársela con algunos que han sido devueltos o del todo no ponérselos a los reclusos.
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José Luis Bermúdez Obando, director de Adaptación Social, calificó la situación como crítica, ya que no pueden suplir la demanda de dispositivos y cargadores.
“Los jueces son los que ordenan el beneficio del monitoreo electrónico y el jueves en la mañana nos encontramos a primera hora que llegaron cinco personas y no teníamos dispositivos. Este contrato tiene dos años de ejecutarse y ellos (Ibux-ESPH) saben muy bien el flujo, crecimiento y situación con los cargadores”, dijo.
El funcionario informó que el jueves recibieron una carta por parte de la empresa, en la que se indica que “están a la espera en aduana de retirar un pedido de 50 dispositivos completos y 100 cargadores".
Justicia dice que el tema es preocupante ya que todos los días ingresan a ese sistema entre 5 y 10 personas por diversos motivos o sentencias judiciales.
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Se defendió
La ESPH no se quedó callada y salió a defender su posición. Aseguran que muchos de los reos dañan las tobilleras y eso ha influido mucho en la situación de desabastecimiento. De enero del 2018 a la fecha, 315 aparatos han sido vandalizados.
Así lo sostuvo este viernes por la mañana, en conferencia de prensa, William Villalobos, asesor legal de la compañía.
La empresa no solo denunció los problemas de vandalismo, sino atrasos en el pago de los dispositivos por parte del ministerio y una inadecuada administración de los mismos por parte de Justicia.
Villalobos explicó que ESPH tiene planificadas las entregas, tanto de kits completos (con tobillera, batería y cargador), así como de baterías con sus cargadores, sin embargo, asegura que Justicia separó 60 paquetes, pues para reponer baterías dañadas, tomó las disponibles de los paquetes completos, lo que provocó que quedaran tobilleras sin batería para colocarle a otros reos.
Además, desmintió al director de Adaptación Social, quien el jueves afirmó a este medio que las facturas de enero y febrero ya estaban pagadas. “La factura de enero se pagó con 84 días de atraso, la febrero con 69 y la de marzo ya lleva 46”, mencionó el asesor legal.
Ante esto, Justicia respondió que cuando desarmó los kits fue porque tenía reponer accesorios dañados para los privados de libertad que ya tenían el beneficio carcelario y sobre los supuestos pagos atrasado argumentó que ellos se apegan al plazo de 45 días que les da la ley para cancelar esos servicios.