Los empresarios de construcción Carlos Cerdas Araya, gerente de la constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, dueña de H Solís, podrían permanecer los próximos ochos meses en prisión preventiva, de acuerdo a la solicitud realizada este viernes 22 de octubre por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ante el Juzgado.

La solicitó la hizo el fiscal Glen Calvo Céspedes, en los Tribunales de Goicoechea donde se realiza la audiencia por la supuesta corrupción en obras viales, conocido como el caso Cochinilla.

El Ministerio Público también pidió que se prorroguen por ocho meses la medidas cautelares sobre los otros imputados, las cuales son impedimento de salida del país y la orden de presentarse a firmar una vez al mes.

Cerdas y Solís están en prisión desde el pasado 19 de julio, pero este viernes solo Cerdas llegó a los Tribunales, mientras que los demás imputados siguieron el proceso de manera virtual.

“Prisión es arbitraria”

Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, le dijo al medio La Nación que durante el desarrollo de la audiencia pidieron la libertad de su clienta, al estimar que la detuvieron de forma “arbitraria” pues esa acción se basó en una supuesta malversación de fondos por ¢78.000 millones, cuando en realidad ese monto obedece a un déficit presupuestario del Conavi, que es algo diferente a la malversación.

“El mismo director del OIJ, al inicio de la investigación, dijo que eso no equivalía al perjuicio patrimonial del Estado. Al Conavi no le llegaban los montos suficientes para hacer pago de las obligaciones contraídas. Entonces, lo que se ha discutido es que tuvo que acudir a otras partidas para efectos de hacer pago a las obligaciones previamente adquiridas”, aseveró.

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¿Decomisan celular a abogado?

Este viernes trascendió que la Fiscalía de Cibercrimen ordenó y realizó el decomiso del celular del abogado Francisco Campos, quien también es defensor de Mélida Solís.

El decomiso se efectuó debido a la supuesta fuga de información que se dio antes de que las autoridades allanaran las empresas constructoras. La Teja le consultó a la oficina de prensa de La Fiscalía sobre esta situación y dijeron que le darían trámite a la solicitud, sin embargo al cierre de edición no hubo confirmación.

Campos, dijo en los Tribunales que no se iba a referir a esta situación.

El caso Cochinilla trascendió el pasado lunes 15 de junio, luego de la realización de más de 50 allanamientos. Actualmente hay 75 personas investigadas, entre ellos funcionarios públicos, por los supuestos chanchullos que se dieron en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de 78 mil millones de colones entre el 2018 y el 2020.

Los imputados al parecer habrían aceptado sobornos mediante licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” a cambio de favorecer a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.