Caso Azteca: Piden un año de prisión preventiva y suspensión del cargo para funcionarios de AyA

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para 13 personas, incluidos tres funcionarios del AyA y uno del Banco Nacional, sospechosos de integrar una banda narco que supuestamente lavaba dinero por medio de adjudicaciones de obras públicas que habrían obtenido de forma ilegal.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos la tarde de este miércoles, al finalizar la audiencia realizada por el caso “Azteca”, la cual inició hace ocho días.

Los sospechosos contra los que se pidió la prisión preventiva son: Montaño Mosquera, Camelo Méndez, Segura Aguilar, García Jr, López Cobo, Guillén Sánchez, Fernández Vargas, Espinoza Carazo, Ávila Cortés, Arias Cordero, Acuña Rojas, Araya Araya (estos tres últimos son funcionarios del AyA) y Villalobos Zúñiga (funcionario bancario).

Además, para otros 12 funcionarios del AyA, también investigados en esta misma causa, pidieron las medidas cautelares de suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.

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“Los empleados públicos son de apellidos Torres Hernández, Araya Ly, Fonseca Hernández, Calvo Chaves, Aguilar Jiménez, Corrales Casanova, Vindas Romero, Cordero Barrantes, Mora Guevara, Balcázar Ramírez, Ramírez Marín y Ulate Montoya”, detalló la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el Juzgado Penal de San José emitirá su resolución a la 1:30 p.m. de este jueves.

La Fiscalía informó que este presunto grupo criminal estaba asentado en el Valle Central y en la costa del Pacífico y, en apariencia, estaba dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas.

“Se cree que la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.

“Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago”, dijo la Fiscalía.