El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública liberó a dos sospechosos del caso Cochinilla.
Se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa Also Frutales, y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Abarca tuvo que entregar el pasaporte, tiene impedimento de salida del país, debe firmar cada semana y tiene también prohibición de hacer gestiones ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y comunicarse con coimputados por un plazo de un año.
La Fiscalía había pedido contra él un año de prisión preventiva.
A Ureña no le pusieron ninguna medida cautelar, el Ministerio Público había pedido un año de suspensión del puesto sin goce de salario, no acercarse a los testigos a menos de 500 metros, firmar una vez al mes y prohibición de salir del país sin autorización. Todas estas medidas fueron rechazadas.
La oficina de prensa de la Corte informó que a ellos dos se les hizo una audiencia aparte porque sus abogados defensores debían atender otra audiencia con un preso que estaba señalada con anterioridad a este caso.
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La audiencia de los otros 28 implicados en los supuestos delitos en contratos para obras viales continúa y, en apariencia, se extendería hasta la semana que viene.
La acción policial donde se detuvo a 30 sospechosos surgió luego de investigaciones en las cuales se detectó la presunta malversación de fondos en Conavi, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.
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Audiencia seguirá este domingo
La audiencia contra los implicados podría seguir este domingo debido a que al mediodía de este sábado solo un defensor había dado sus alegatos y faltaban otros 13 abogados.
El primero en exponer fue Erick Ramos, defensor de los empresarios de la empresa MECO.
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Un recurso de prisión preventiva instrumental que comunicó a las partes la jueza a cargo de la audiencia, Carolina Lizano Salazar, podría extender aún más el tiempo para que todos los abogados tengan derecho a exponer sus argumentos, como lo dispone la ley.
Erick Gatgens, abogado de las empresarias Mélida Solís (detenida) y de su hermana Sonia (en libertad) calificó esa resolución como arbitraria y errónea en declaraciones a La Nación.