Los seis alcaldes investigados en el caso Diamante quedaron en libertad la tarde de este miércoles 17 de noviembre; sin embargo, la audiencia de medidas cautelares sigue.

Glen Calvo, fiscal del caso, no pidió prisión preventiva contra los jerarcas municipales detenidos, sino otras medidas cautelares como impedimento de salida del país, no acercarse a los municipios ni a testigos, firmar una vez al mes y que se les suspenda de su cargo, por eso los defensores pidieron que no los dejarán más tiempo presos y la jueza accedió.

“En contra de los seis alcaldes y los cinco funcionarios municipales, se requirieron cuatro medidas no privativas de libertad, una de estas la suspensión del cargo. Según la Fiscalía, esta última medida se consideró sumamente importante porque el puesto de alcalde es un cargo de elección popular, que en el caso particular, aparentemente, fue utilizado para el ejercicio de acciones delictivas. Al estar fuera de esas funciones públicas, y con otro tipo de medidas cautelares, se evitará la continuación delictiva”, explicó la Fiscalía.

Los alcaldes investigados son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú).

Si estos jerarcas finalmente sí son suspendidos, que sigan recibiendo o no su salario dependerá del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que eso se resuelve por la vía administrativa, por lo que hasta después de conocer las medidas iniciaría el trámite para saber si, por ejemplo, el alcalde de San José, Johnny Araya, continúa recibiendo los ¢6 millones de su salario o no.

Esto dijeron al salir

Este miércoles poco antes de las 3 de la tarde, cada uno de los funcionarios salieron a pie del parqueo de los Tribunales de Goicoechea, donde sus abogados los esperaban para ir a la audiencia de medidas, esto después de 48 horas de permanecer en celdas judiciales.

El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, aseguró que el Poder Judicial solo está haciendo su trabajo, que los casos investigados se están individualizando y espera que para esta semana todo esté más ordenado. Además, consideró innecesarias las detenciones.

Alberto Cole, alcalde de Osa, dijo lo siguiente:

“Era obvio que íbamos a contratar al que ofrecía el servicio más barato (MECO), jamás solicité ningún beneficio. Ustedes pueden ver ahí (en el expediente) que, a título de ciudadano, le dije un día a un funcionario de MECO que un equipo atlético necesitaba una cancha atlética, que ellos (el equipo) tenían ¢15 millones, entonces que por qué put... no les ayudaban si a ellos les sobra mezcla, ya por eso creen que es suficiente para que yo me vea comprometido”.

Además, aseguró que le gustaría terminar su jornada e irse para su casa, pero por el momento las medidas cautelares no le permiten renunciar.

“No soy amigo de funcionarios de MECO, pero los conozco porque hay coordinación, así como con el que repara los aires, el alcalde es la persona más preocupada de que en el cantón todo se haga rápido y que se resuelvan los problemas”, añadió Cole.

Otro de los que habló al salir fue Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, él aseguró sentirse tranquilo.

“Quiero ser honesto con mi pueblo, uno siempre busca a la prensa cuando hace obras y estoy muy tranquilo porque con el tiempo se darán cuenta de que todo lo que se dijo no es cierto. Mi labor es reunirme con los empresarios, no solo de MECO. El reunirse con una persona no significa que uno es corrupto, eso es una equivocación, usted tiene que tratar con los empresarios muchas cosas que se hacen en los cantones”, comentó.

“Estoy golpeado como ser humano, no recibí dinero. Voy a decirlo con honestidad, por mi madre de 89 años (empieza a llorar), yo nunca recibí dinero de MECO, se lo puedo decir con honestidad y pongo mi sangre que eso no es cierto, le pido a la prensa que le diga a la Fiscalía que demuestre dónde está la plata”, aseguró Córdoba.

Mario Redondo, cabeza de la muni de Cartago, salió muy rápido junto a su abogado pues iba para la audiencia y no dijo nada.

Johnny Araya, alcalde de San José, explicó que daría declaraciones hasta después de la audiencia.

“No voy a dar declaraciones, sí se las voy a dar, pero después de que termine la audiencia, hoy mismo. Como siempre, he dado la cara y la voy a seguir dando”, dijo Araya.

Por último, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, rechazó los cargos.

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“Me declaro inocente, estoy trabajando por mi cantón de Alajuela, siempre he trabajado de la mano con el concejo, la comunidad y los funcionarios, no he recibido ninguna dádiva, durante el proceso judicial todo eso se va aclarar, estoy muy tranquilo, he trabajado de manera consciente y transparente”, dijo.

Los alcaldes podrán ir a dormir a sus casas, pero deberán seguir en la audiencia que es posible se extienda hasta el viernes.

Solo contra el gerente de la planta de asfalto de MECO, un hombre de apellidos Gutiérrez Vargas, se solicitó prisión preventiva por ser el sospechoso de contactarse con los involucrados. Gutiérrez también es investigado por el caso Cochinilla.

Contra un empresario de apellidos Cruz Porras, de la compañía Explotec, también se solicitó Impedimento de salida del país, firmar cada 15 días y no acercarse a testigos.