EscucharMauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transporte; Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Henry Villalobos, fiscal de la CNE, y Marcos Castillo, director de Aviación Civil, conocerán su futuro, a partir de la 1:30 p. m., de este jueves.
Ellos no volverían a las celdas del OIJ; sin embargo, los últimos tres podrían no regresar a sus trabajos.
Esto es porque la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió en sus medidas cautelares que no se acerquen ni ingresen a las instituciones involucradas en este proceso.
Se trata de la Comisión Nacional de Emergencias, Aviación Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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Además de esta petición, el Ministerio Público le pidió al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, que los cuatro sospechosos tengan impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no mantener contacto ni cercanía con testigos, prohibición para perturbarlos.
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Los cuatro hombres estuvieron detenidos desde el martes 13 de mayo y fueron liberados este miércoles a las 11 p. m.
No obstante, deberán regresar este jueves al Tribunal Penal de Goicoechea para saber qué medidas les van a imponer.
A ellos se les investiga porque, en apariencia, aprovecharon una declaratoria de emergencia en Costa Rica, por el paso de unas tormentas para agilizar los arreglos de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste, utilizando esos fondos públicos.
Estos hechos forman parte del expediente 24-000454-1218-PE.
“La emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales”, señala la Fiscalía.
Esa declaratoria de emergencia permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
“Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República”, explicaron en el Ministerio Público.
En este expediente judicial figuran otras 10 personas que también son investigadas: Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil); Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General); Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE); Díaz Quintana (exministra de la Presidencia); Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil); Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil); Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones); Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI); Sánchez Zumbado y González Chinchilla (presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).
