Lo choferes que durante el 2018 chocaron y quebraron postes del alumbrado público tuvieron que pagar ¢122 millones a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Esa plata cubre la reparación de poco más de la mitad de los 148 postes destruidos.

La empresa comunicó que el monto recaudado en ese periodo fue mucho mayor al del 2017, cuando solo cobraron ¢89 millones.

Para Guillermo Sánchez Williams, director de la Asesoría Jurídica de la compañía eléctrica, el acercamiento temprano con los infractores permite reducir los tiempos para la recuperación de la plata por concepto de reparaciones. Eso agilizó un proceso que judicialmente podría durar más de dos años.

“Primero la institución calcula en término de tres días los costos relacionados con la reparación, luego de eso se le notifica al involucrado en el incidente para acordar un arreglo extrajudicial. En caso contrario se debe acudir a un tribunal para contar con una resolución condenatoria”, expresó el director.

Sánchez enfatizó que toda aquella persona que pegue contra un poste y lo dañe debe hacerse responsable del costo de la reparación. Según la complejidad de la ubicación y del sistema de distribución, el tiempo promedio de atención a postes quebrados va de entre las seis y las diez horas.

Entre los años 2017 y 2018, algunos de los sectores más afectados por la caída de postes por causas no naturales fueron La Uruca, Coronado, San Rafael de Alajuela, Tres Ríos, Santa Ana, San Pedro de Montes de Oca, Moravia y Escazú.