Sucesos

Consejo Superior del Poder Judicial ordenó a jueces no frenar más detenciones por pensiones

Fundiapho presentó recurso de amparo, pues aseguran que hacinamiento no disminuye en cárceles.

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El Consejo Superior del Poder Judicial envió una circular a los juzgados para solicitar que los jueces no suspendan más las detenciones en casos en que un padre no pague la pensión alimenticia.

La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) ya presentó un recurso de amparo alegando su preocupación por el coronavirus y por el hacinamiento en las cárceles.

La abogada Eugenia Quesada, presidenta de Fundiapho, asegura que por la pandemia, los jueces de algunos juzgados suspendieron por tres meses los apremios en cierto casos.

Uno de esos fallos fue en el Juzgado Contravencional de Santa Ana, el juez José Bernal Rodríguez antes de fallar contra un tata preguntó, el pasado 21 de abril, al personal de La Reforma cuántos privados de libertad había en ese momento (349), a pesar de que la capacidad del módulo es para 213 hombres.

“No resulta razonable ni lógico ordenar a la Fuerza Pública el envió de más personas apremiadas a ese centro mientras no pase la emergencia nacional. Se debe considerar que el apremio corporal no tiene como fin en sí mismo la detención del obligado alimentario, sino conminar (advertir) el pago de la cuota establecida, de manera que se puedan satisfacer las necesidades de los beneficiarios y que el obligado no pierda su libertad personal”, decía el fallo del juez, en el que también se solicitaba al papá las posibilidades de compromisos de pago con los que podía cumplir.

La Fundación colaboró con varios hombres para presentar recursos y evitar ante la pandemia que vayan al tabo.

La circular fue emitida el 12 de mayo pasado y en ella se le recuerda a los jueces que: “la orden de apremio corporal debe emitirse de manera inmediata y entregarse a la persona usuaria acreedora alimentaria, o en su caso a la persona accionante o actora, si esta así lo solicita, o bien deber ser enviada a la delegación policial competente de manera oportuna, eliminándose toda práctica dilatoria que atente contra la efectiva ejecución de la obligación alimentaria”.

El documento hace la advertencia a los jueces de que sino cumplen con lo solicitado se les aplicará el régimen disciplinario.

Quesada aseguró que para que más hombres no terminen presos por pensión, la fundación va a seguir presentando recursos de amparo.

“El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano administrativo, no judicial. No tienen la competencia legal para revocar resoluciones de jueces de la República y menos de amenazarlos con amonestarlos y sancionarlos sino obedecen la orden que les están dictando.

"En otros fallos que se han dado se dice que se deben emitir órdenes en las que se violente un derecho, en los casos en que se suspendió fue por el peligro al que se expone una persona al estar en hacinamiento, esta es una clara visión de persecución al hombre por la obligación alimentaria que tiene”, dijo Quesada.

“Los hombres que son arrestados y deben ir a pensiones de la Reforma deben quedarse seis meses en la cárcel, después de ese tiempo la deuda no se perdona, pues algunas mujeres piden la retención de derecho por todo ese tiempo, se le podría embargar algún bien, por ejemplo un carro”, agregó la abogada.

La defensora asegura que la situación es muy complicada tanto para quienes pagan la pensión como para quienes la reciben.

“Es entendible cuando la parte que cobra la pensión no quiere conciliar porque les hace falta el dinero, por eso hemos insistido al gobierno que ayude con prestamos a quienes pagan pensiones de menos de 500 mil, dineros que ellos se comprometen a pagar, pero no hemos tenido respuesta. Muchos hombres no pueden pagar la pensión porque están sin trabajo, o con reducción de jornadas y no por falta de amor”, dijo la abogada.

Fundiapho a presentado 225 solicitudes de promesa de pago y 180 solicitudes para detener la detención para poder salir a buscar trabajo.

Carlos Andrés Mejía, paga pensión y asegura que él y otros conocidos han presentado documentación solicitando tiempo para pagar y no ser detenido; sin embargo, no le han dado respuesta.

Evelyn Trejos, asegura que su esposo paga pensión y que ella tiene temor de que lo detengan por no poder pagar.

“No es que no quiera pagar, es que la situación con el COVID-19 es muy difícil, además la afectación emocional y sicológica de saber que tiene que ser detenidos es muy dura”, dijo Trejos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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