La Corte Suprema de Justicia y el OIJ denunciaron que las celdas judiciales están hasta el copete debido a que el Ministerio de Justicia no está haciendo lo suficiente para colocar a las personas detenidas en los centros penales.

Esta queja fue dada a conocer la mañana de este martes por la magistrada Patricia Solano, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, y Walter Espinoza, director del OIJ.

“Esto nos puede llevar a un colapso, tenemos todas las celdas judiciales casi que ocupadas, si llega una persona detenida es posible que no podamos recibirla porque no tenemos espacio para hacerlo”, dijo Solano.

Como consecuencia de esta situación la Sala Constitucional ha declarado con lugar 47 recursos de hábeas corpus interpuestos por personas que han pasado más de 72 horas en estas celdas.

Ese es el tiempo máximo que puede estar detenida una persona sin que se presenten cargos en su contra y un hábeas corpus se plantea para que los jueces determinen si un arresto es legal o no.

Afecta trabajo policial

Espinoza señaló que hasta este martes había 179 personas en celdas judiciales esperando ser llevadas a un centro penal, que 94 de esas llevan más de cinco días encerradas y 75 acumulan hasta dos semanas.

“Se trata de una situación peligrosa, primero por el hacinamiento, que genera incomodidades y riñas; segundo, por la posibilidad de contagio de enfermedades, como el covid-19 y tercero por el gasto presupuestario pues hay que disponer de más personal de vigilancia”, detalló.

Según Espinoza, esta situación también afecta el trabajo del OIJ porque a diario detienen a sospechosos de diversos delitos, pero no hay dónde encerrarlos.

En cuanto al tema del covid-19, hasta el viernes pasado se registraban tres casos positivos y ocho sospechosos en celdas judiciales.

Justicia responde

Fiorella Salazar, ministra de Justicia, se defendió de las críticas y aseguró que han puesto en práctica acciones para recibir a las personas provenientes de celdas judiciales, pero dijo que esas medidas han chocado con las órdenes dictadas por jueces de ejecución de la pena que no permiten más ingresos.

Según Justicia, 12 de los 13 centros penales que pueden recibir personas de celdas judiciales están imposibilitados para hacerlo porque cuentan con órdenes judiciales de cierre.